A partir de esta semana la Junta de Coordinación Política (Jucopo) definirá retomar el debate de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Estado de México y responder a la resolución que realizó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En días pasados, los integrantes de la máxima corte del país resolvieron despenalizar el aborto a nivel nacional, lo que obliga a que las instituciones de salud federales, den el servicio de manera gratuita y el personal de salud que intervenga, no podrá ser sancionado.
Debido a ello, en la entidad mexiquense, los legisladores locales iniciarán la discusión sobre el tema, que podría ser esta misma semana para armonizar la ley en la materia que ha dividido opiniones.
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El coordinador de la bancada del PRD y secretario de la Jucopo, Omar Ortega Álvarez, recordó que llevan en la lucha para lograr la ILE en la entidad mexiquense, apróximadamente 15 años.
Adelantó que esperan que con la resolución de la SCJN, haya sensatez y una visión progresista en el Edomex, pues no se ha avanzado nada en el tema pese a que en las dos últimas Legislaturas mexiquenses, han colocado el tema y han ingresado iniciativas al respecto.
Priorizan tema del aborto en legislatura mexiquense
Además, confió, en que el aborto se tome como un tema de seguridad y salud pública, en donde aseguró que existe infraestructura para dar este tipo de atención a las mujeres y que pudiera atenderse como se hace con algunas enfermedades.
“Creo que sí hay la infraestructura, habría que verlo como un tema de seguridad, de salud pública para que se pueda atender como cualquier tipo de enfermedad aunque esto no lo sea, por supuesto”, aseveró.
Para la ILE en la entidad, señaló que se tendrían que modificar el Código Civil estatal, también el Código Penal y dar políticas públicas para que el tema quizá pudiera ser gratuito y seguro.
En la 61 Legislatura, las bancadas de Morena, PRD y MC presentaron por separado iniciativas entorno al ILE entre octubre y noviembre.
En el tema, la bancada morenista establece que será en las primeras 12 semanas de gestación la interrupción, y establece la obligación del Estado de prestar el servicio de forma gratuita, segura, informada y sin discriminación.
La fracción parlamentaria perredista resalta que no sólo es tema de sanidad, sino con el derecho a la libertad sobre el cuerpo de la mujer. Y MC impulsa buscar que se reconfigure el delito de aborto y que se sancione a aquellos terceros que forcen a una mujer y proteger al personal de salud.
