Tras escándalos en el Gobierno y en Londres, la exfuncionaria federal suena para integrarse al sector turístico.
CANCÚN
Por Redacción
Tras su accidentado paso por el servicio público federal y su posterior estancia diplomática en Europa, la ex secretaria de Medio Ambiente y ex embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz Mena, podría encontrar un nuevo espacio en el sector turístico o consultoría en sostenibilidad de Quintana Roo.
Versiones en círculos políticos y empresariales señalan que la exfuncionaria podría “recalar” en la Riviera Maya, impulsada en parte por sus vínculos familiares con el empresario hotelero David Ortiz Mena, actual presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y primo hermano de la exfuncionaria.
El nombre de González-Blanco Ortiz Mena volvió recientemente al radar mediático luego de la controversia generada por el hospedaje sin costo en la embajada mexicana en Londres de Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del excanciller Marcelo Ebrard Casaubon, situación que reavivó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en representaciones diplomáticas.
Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre un eventual desembarco en el sector turístico del Caribe mexicano. Sin embargo, la relación de la exsecretaria con la región se remonta a diciembre de 2018, cuando fue designada titular de la Semarnat al inicio del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Error tras error
Su paso por la dependencia duró apenas medio año. En mayo de 2019 presentó su renuncia tras desatarse una polémica nacional al revelarse que solicitó retrasar un vuelo comercial de Aeroméxico que cubría la ruta Ciudad de México–Mexicali, para poder abordarlo pese a llegar tarde al aeropuerto.
El avión permaneció en pista alrededor de 38 minutos, situación que provocó molestia entre los pasajeros, luego de que el capitán informara que el retraso obedecía a una “orden presidencial”, episodio que fue interpretado como un acto de influyentismo.
El caso terminó por costarle el cargo. Al aceptar su renuncia, el entonces presidente AMLO fue tajante: No podemos ser tolerantes en actos de prepotencia.
Hoy, varios años después de aquel episodio que marcó su salida del gabinete, el nombre de Josefa González-Blanco vuelve a aparecer en el radar político, ahora ligado a uno de los sectores económicos más influyentes de Quintana Roo.
Josefa González‑Blanco Ortiz Mena proviene de una familia con una larga tradición política y económica en México; su apellido materno la vincula con uno de los personajes más influyentes del México del siglo XX: Antonio Ortiz Mena, quien fue secretario de Hacienda durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.
Ortiz Mena fue considerado uno de los arquitectos del llamado “milagro mexicano”, etapa de crecimiento económico sostenido que marcó la política económica del país entre los años 50 y 60. Tras su paso por el gobierno federal, también presidió el Banco Interamericano de Desarrollo durante más de una década, consolidando su influencia en el ámbito económico y político del continente.
Además de esta rama familiar, la exfuncionaria también pertenece a otra estirpe política chiapaneca: es hija de Patrocinio González Garrido, quien fue gobernador de Chiapas y posteriormente secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari.
Patrimonio declarado
Antes de incorporarse al gobierno federal, González-Blanco había desarrollado actividades en proyectos ambientales y privados en Chiapas, particularmente vinculados con iniciativas ecológicas y turísticas.
En su declaración patrimonial como funcionaria federal reportó tres ranchos heredados de su familia, dos registrados a su nombre desde 2013 y otro desde 2015. Entre ellos se encuentra un predio de aproximadamente 600 mil metros cuadrados, así como otros terrenos de menor extensión. También declaró bienes como joyas y obras de arte recibidas por donación familiar, además de participaciones en proyectos privados.
Su entrada a la administración pública federal ocurrió en 2018, cuando fue designada titular de la Semarnat por el entonces presidente López Obrador. Sin embargo, su gestión duró apenas seis meses; posteriormente, en 2021, fue nombrada embajadora de México en el Reino Unido.
El caso Marcelo Ebrard Jr.
La gestión de González-Blanco en la embajada mexicana en Londres volvió a colocarse en el centro del debate público en 2026, cuando se reveló que Marcelo Patrick Ebrard Ramos residió durante alrededor de seis meses en la residencia oficial de la embajada, entre 2021 y 2022, cuando su padre, Marcelo Ebrard Casaubon, se desempeñaba como titular de la cancillería.
De acuerdo con las versiones publicadas, el joven fue hospedado en la residencia diplomática ubicada en Belgrave Square, una de las zonas más exclusivas de Londres. En el mercado inmobiliario, una vivienda en ese sector puede tener rentas estimadas entre 3,200 y 4,600 libras esterlinas mensuales (aproximadamente entre 80 mil y 115 mil pesos mexicanos).
Aunque el propio Ebrard negó que hubiera uso indebido de recursos públicos, la estancia generó cuestionamientos debido a que la residencia diplomática cuenta con personal de servicio y mantenimiento pagado con recursos del Estado mexicano, lo que alimentó el debate sobre el uso de instalaciones oficiales para fines personales.
La cancillería no ha detallado públicamente cuánto representó el costo operativo total de esa estancia para el Estado mexicano.
