Sector empresarial advierte que las reformas imponen manuales de prevención de riesgos y auditorías obligatorias así como fuertes multas.
Cancún, 4 de septiembre.- Las empresas y profesionales independientes que realizan actividades vulnerables en México enfrentan un entorno regulatorio más estricto tras las recientes actualizaciones a la legislación en materia de prevención de lavado de dinero.
Marcos Gutiérrez, presidente del organismo Empresarios por Quintana Roo, explicó que estos ajustes responden a evaluaciones internacionales donde el país ha presentado rezagos en la implementación de controles financieros.
Las modificaciones no constituyen un asunto fiscal ni contable, sino un marco de cumplimiento legal administrativo cuya supervisión ejecuta el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bajo la directriz de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En entrevista con Radio Fórmula, mencionó que entre los cambios más relevantes destaca la transformación de los manuales operativos hacia un enfoque estricto en la prevención de riesgos, así como la obligatoriedad de implementar auditorías internas o externas a partir de 2028.
Asimismo, la autoridad ha migrado el seguimiento y la vigilancia hacia plataformas digitales para rastrear el origen de los recursos y la identidad de los beneficiarios finales. En el contexto local de Quintana Roo, la ley abarca ahora el desarrollo inmobiliario desde el inicio de la construcción y no solo al momento de la venta.
Esta medida impacta directamente a desarrolladores, notarios, donatarias y agentes inmobiliarios o brokers, quienes se encuentran expuestos a sanciones administrativas que superan los 700 millones de pesos, además de posibles implicaciones penales por errores u omisiones en los expedientes de identificación de clientes.
A este escenario de mayor fiscalización administrativa se suma la incertidumbre económica derivada de la cotización del dólar frente al peso en el mercado cambiario.
El dirigente empresarial señaló que la apreciación de la moneda nacional genera un efecto agridulce en la economía local y nacional, reduciendo el poder adquisitivo de las remesas y mermando los ingresos de los trabajadores del sector turístico que perciben propinas en divisas.
Dado que el presupuesto federal proyectó el tipo de cambio en niveles superiores, esta brecha presiona las finanzas públicas y altera la rentabilidad de las importaciones y exportaciones, por lo que el sector empresarial recomienda elaborar los planes financieros del próximo año con múltiples escenarios de tipo de cambio.
Con información de InZoom.Mx
