Barra de Abogados de Q. Roo participa en las mesas de trabajo del Congreso y pide reformas sólidas.
Por Alejandro García
La Barra de Abogados de Quintana Roo exigió delimitar con precisión técnica las reformas legales contra el fraude inmobiliario que analiza el Congreso local, con el fin de tipificar adecuadamente el delito y evitar que fallas procesales archiven las denuncias o terminen confundiendo una conducta criminal con un simple incumplimiento de contrato.
Durante las mesas de trabajo convocadas por el consejero Jurídico del estado, Carlos Felipe Fuentes del Río y la diputada Paola Moreno Córdova, la dirigencia del gremio litigante advirtió que la efectividad de las nuevas leyes dependerá de su solidez constitucional y no del impacto mediático del anuncio.
La postura de la organización, fijada por su presidente Mauro Carmona Díaz de León y la vicepresidenta Monserrat López Gómez, plantea como eje prioritario ampliar los plazos de prescripción penal para este delito.
Esta medida busca impedir que los esquemas de despojo e irregularidades en la compra-venta de terrenos e inmuebles -fenómeno recurrente en los polos de mayor plusvalía del estado- queden impunes debido a los prolongados tiempos que toma formalizar las denuncias y articular las investigaciones financieras.
En la mesa técnica, donde también participaron Rodolfo Brizuela Arroyo, coordinador de la Comisión de Derecho Penal, y Roberto Aparicio Moreno, los especialistas subrayaron que endurecer las penas resulta inútil si los ministerios públicos carecen de un marco conceptual claro que distinga entre un fraude premeditado y una controversia mercantil ordinaria.
El paquete de reformas en discusión busca cerrar el paso a los vacíos legales que actualmente permiten operar a desarrolladoras e intermediarios irregulares en la entidad; sin embargo, la representación de los abogados remarcó que cualquier modificación a los códigos locales debe superar el filtro de la técnica jurídica antes de su aprobación legislativa, garantizando la restitución expedita del patrimonio a las víctimas y evitando la saturación de los tribunales con expedientes mal integrados.
La reunión, que tuvo lugar en las oficinas de representación del Poder Legislativo en la ciudad de Cancún, estuvo encabezada por la Diputada Paola Elizabeth Moreno Córdova, presidenta de la Comisión de Justicia; además de contar con la participación del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Quintana Roo, Consejo de Notarios, Colegio Nacional Voces Legales, Consejo Coordinador Empresarial, Infonavit, Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Barra de Abogados de Quintana Roo, entre otros organismos, instituciones y sectores relacionados.
