Las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos iniciaron la discusión de la iniciativa que pretende ampliar el periodo de la próxima gubernatura de Quintana Roo, de cinco a seis años.
La propuesta del diputado Carlos Hernández Blanco, del PRI, fue presentada ante el pleno el pasado 22 de septiembre y turnada a Comisiones para su análisis.
La Legislación actual indica que el periodo de la próxima gubernatura será de septiembre 2022 a septiembre de 2027, con una duración de cinco años, para emparejar las elecciones con las de los municipios.
Sin embargo, la iniciativa pretende ampliar el periodo a seis años, hasta el 2028, para después elegir a un gobernador por dos años, que concluiría su mandato en 2030. A partir de entonces, cada periodo sería de seis años.
Adicionalmente, el diputado Carlos Hernández Blanco presentó una iniciativa para reducir de 90 a 60 días el periodo de campaña, la cual ya fue aprobada en comisiones.
La posibilidad de ampliar el próximo mandato del gobernador o gobernadora de Quintana Roo desató críticas en el sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil.
El Consejo Coordinador Empresarial de Cancún, Riviera Maya y Chetumal, así como el Observatorio Legislativo, el Colegio de Ciencia Política y Administración Pública Quintanarroense y la Asociación de Legisladores de Quintana Roo se pronunciaron en contra.
“De proceder dicha propuesta legislativa, rompería con la armonía ya establecida para que todas las elecciones en Quintana Roo sean concurrentes con la elección federal, generando costos innecesarios que finalmente los quintanarroenses seremos quienes terminaremos pagando, lo que convierte a esta propuesta algo sin un verdadero sentido”, indicaron en un comunicado.
La propuesta de reforma a la Ley refiere que es necesario un periodo de seis años para garantizar la continuidad de la atención a la pandemia de Covid-19.
“De nueva cuenta nos pretenden sorprender con propuestas que carecen de un consenso social”, refirieron.
La discusión de dicha iniciativa ha avanzado de forma veloz, en comparación de otras cuya discusión puede demorar más de un año. Debe ser aprobada antes del 5 de octubre, para no contradecir lo dispuesto en la Ley Electoral, que prohíbe modificaciones nueve meses antes de las elecciones.
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