Las quejas de personas con discapacidad por violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades estatales y municipales en Nuevo León registraron un crecimiento del 100 por ciento al corte del mes de noviembre, de acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL).
La Comisión informó que en este año, han registrado ya 66 expedientes de quejas, contra 31 que se registraron en todo el año 2020. Y fueron las personas con discapacidad física, intelectual y/o mental las que más presentaron quejas contra alguna institución gubernamental en el estado de Nuevo León, según sus mismas cifras.
Por lo que el organismo hizo un llamado a las autoridades, empresas, medios de comunicación y sociedad en general a eliminar las barreras que limitan o impiden la participación de este sector de la población a manera de inclusión real, así como para evitar que sigan presentándose violaciones en sus derechos humanos, como lo replican las quejas que han recibido en este año.
“El organismo observa su preocupación por las barreras que persisten y que limitan la participación e inclusión de este grupo de la población”, agregó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León.
La CEDHNL presentó las cifras
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Agregó que resulta “imperativo e impostergable” que las autoridades públicas en el estado implementen medidas para hacer efectiva en la práctica, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Y reiteró la disponibilidad que tienen de la Propuesta de Reglamento Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Esto, con la finalidad de que sea revisado, consultado con las personas con discapacidad y aprobado en los municipios, o bien que funcione como referencia para aquellos que sí cuentan con una reglamentación vigente en la materia.
Finalmente, la Comisión señaló que los municipios que sí cuentan con este instrumento aprobado son los municipios de Allende, Bustamante, General Zaragoza, Hidalgo, Melchor Ocampo, Pesquería, Sabinas Hidalgo, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina.
Y los que sí cuentan con reglamentación vigente en la materia son los municipios de Monterrey, Apodaca, y Cadereyta.
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