Jalisco, cuyo gobierno encabeza Enrique Alfaro, es un estado deficiente en materia de protección y atención de la violencia contra las mujeres, aseguran activistas y familiares de las víctimas.
La entidad cuenta con dos alertas de género vigentes, pero hay una desconocimiento de los protocolos en los casos de asesinato de mujeres, que derivan en consignas por parricidio o alguna otra figura penal que deja de lado la obligatoriedad de investigarlos como feminicidio, lo cual implicaría penas mayores a los victimarios.
Además, prevalece de una deficiente procuración de justicia, en la que se revictimiza a las mujeres, niñas y adolescentes , y hay una difusión inadecuada de fichas de búsqueda, aunado a que se rompe la secrecía de investigaciones en los procesos de localización.
A tres años de asumir como gobernador, Alfaro publicó este lunes en sus redes que se revisaban temas relacionados con la lucha de la violencia contra las mujeres, y afirmó que será en los próximos días cuando se anuncien “ajustes” para dar cumplimiento a las acciones que se mandan en la Alerta de Género.
La primera alerta para Jalisco se emitió el 8 de febrero de 2016; la segunda, el 30 de noviembre de 2018. “En el reporte de análisis de los procedimientos de alerta contra las mujeres, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se dio cuenta que Jalisco es una de las entidades donde, hasta el primer trimestre de 2021, no había sesionado ni avanzado en el cumplimiento de la alerta”, señaló Alejandra Cartagena, abogada e integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).
“Puerto Vallarta es el único municipio con seguimiento de las alertas de género”, indicó la especialista.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 6 de diciembre de 2018 al 6 de diciembre de 2021, del total de las ocho mil 986 personas desaparecidas, dos mil 386 son mujeres, es decir, 26.55 por ciento.
La mayoría, han desaparecido en la zona metropolitana, donde Guadalajara encabeza la lista con 558, y en el interior del estado, Puerto Vallarta suma 131.
Los familiares, colectivos de búsqueda de personas y de defensoría de derechos de las mujeres han reiterado que el Protocolo Alba ha sido poco efectivo. El Cladem indicó que en el último año, de 926 mujeres desaparecidas, sólo se han difundido 90 cédulas desde la creación del mecanismo, en 2016.
La procuración de justicia también ha sido un lastre para las mujeres víctimas de violencia. En lo que va de 2021, dos jueces fueron suspendidos por victimizar a mujeres en su actuar.
“Es claro que la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo un tema que no se aborda y no se atiende manera transversal, y que tampoco el estado ha dotado de todos los medios a su disposición, no solo para atender la violencia feminicida, sino para prevenirla, sancionarla y erradicarla”, afirmó Cartagena.
CAR
