La Ley de Amnistía mexiquense ha permitido la liberación de al menos dos mil personas, quienes se encontraban presas por delitos no graves y uno por alto impacto.
La primera quincena de diciembre la ley cumplió un año de ser aprobada, aunque entró en vigor el 5 de marzo.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y Presunción de Inocencia evaluaron los claroscuros en los resultados, en los que consideran que se ha quedado a deber a la sociedad.
Señalaron que mientras el Poder Judicial se ha pronunciado por amnistías de bajo impacto, el Congreso local no lo puede hacer en delitos de alto impacto.
El activista y fundador del CDHZL, José Antonio Lara Duque, reconoció que el Congreso tuvo una labor legislativa importante con la creación de la ley, pero ha quedado a deber por la falta de operatividad, pues no se ha pronunciado por ninguna de las 900 solicitudes pendientes, que involucran delitos de alto impacto.
Por ello, urgió a que se tenga una reforma a la brevedad, pues como está la ley, los diputados estarán impedidos a pronunciarse en amnistías por delitos graves.
“Debe haber un mínimo de reformas que permita a la 61 Legislatura, incluso jurídicamente y técnicamente, legalizar su participación”, remató.
Lara Duque apuntó que de no tener las adecuaciones en lo inmediato las impulsarán durante el segundo periodo ordinario.
Urgió también a realizar una reforma profunda en el Sistema de Justicia, que fortalezca al Poder Judicial y Fiscalía de Justicia mexiquense, porque la Ley de Amnistía sólo es un paliativo y no se puede estar rescatando a inocentes cada 5 o 10 años.
José Humbertus Pérez Espinoza, activista y fundador de Presunción de Inocencia, consideró que debe haber reformas para que la Comisión de Amnistía sea investigadora, contratar expertos y ejercer al menos 100 millones de pesos de recursos federales.
PAL
