Existen indicios de que autoridades mexicanas tuvieron conocimiento o participaron en operativos como Rápido y Furioso, por lo que se deben deslindar responsabilidades incluso en altos niveles de gobierno, señaló el abogado Javier Shütte.
“Exhortamos a las autoridades a que lleven el asunto hasta sus últimas consecuencias, a que, si se jala el hilo que nosotros hemos señalado respecto de que a los más altos niveles de gobierno efectivamente se tenía conocimiento, incluso se ordenó la participación de las autoridades mexicanas en esos operativos, que también se deslinden responsabilidades a esos más altos niveles y a las más altas esferas”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.
Shütte, el abogado Gonzalo Aguilar Zínser y académicos como Sergio Aguayo, Miriam Morales y Santiago Corcuera presentaron una denuncia en 2014 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por estos hechos.
En 2020 entregaron información sobre el conocimiento o participación de funcionarios del gobierno de México en los operativos denominados Gunrunner, Wide Receiver, Rápido y Furioso, y sus similares.
Uno de estos documentos es la comunicación entre funcionarios de la Fiscalía de Estados Unidos que indica que servidores públicos de la PGR sabían de Rápido y Furioso.
“Se informó detalladamente a representantes de la PGR y la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) sobre la planeación y operación de Rápido y Furioso (…). Se les permitió estar en el centro de comando durante la mayoría del desarrollo de la operación”, señala el documento.
Shütte dijo que durante la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, en 2015, se aseguró un rifle Barrett calibre 50 que provenía de Rápido y Furioso; se manufacturó en Estados Unidos por Barrett Firearms MFG con matrícula 24625.
PAL
