Al menos siete de las 10 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), emitidas los últimos cuatro años, fueron para el penal de San Miguel, en Puebla, en el que el pasado 10 de enero hallaron el cadáver de Tadeo, de tres meses, dentro de un contenedor de basura.
Los casos van desde muertes violentas en la cárcel infligidas por otros internos, suicidios, así como el feminicidio de una mujer que estaba de visita y fiestas en el área de hombres, a las que podían acudir internas y “algunas de ellas recibían cierta cantidad de dinero por ello”.
La investigación más reciente de la CDH está relacionada con el caso de Tadeo. Entre otras cosas, indaga cómo ingresó el menor, pues por la pandemia está prohibido. Saskia Niño de Rivera, de Reinserta, y quien denunció el caso de Tadeo, dijo que este
Centro de Reinserción Social (Cereso) está abandonado desde hace años y tiene un absoluto autogobierno.
“Han sido muchos sexenios que han olvidado ese penal, donde la delincuencia organizada ha tomado su control, desafortunadamente”, señaló. Dijo que hace falta una estrategia integral para recuperar la gobernabilidad.
Incluso, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2019, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Cereso reprueba con 6.63, y lo identifica como un penal con hacinamiento, aunado a que le da una calificación de 4.78 en cuanto a la prevención de hechos violentos.
SUMAN 21 DETENIDOS
Hasta el momento hay detenidos 21 funcionarios del penal de San Miguel, vinculados al caso de Tadeo, además de que separaron del cargo al administrador y personal del Panteón Civil de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, mientras se investiga la exhumación ilegal.
El gobernador Miguel Barbosa dijo que continúa la investigación y admitió que en San Miguel se dejaron de aplicar los protocolos de seguridad, incluidas las revisiones.
POR ANTONIO BAUTISTA
Con información de Almaquio García y Claudia Espinoza
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