La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Nuevo León, Alhinna Vargas García presentó una iniciativa de ley que busca proteger, ayudar y salvaguardar el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Al presentar la iniciativa que busca crear esta ley, la legisladora explicó que consta de 3 capítulos, 24 artículos y 3 transitorios, y contempla crear un Consejo Estatal de Protección y Atención al Migrante.
A través de este, explicó, se coordinarán los entes y los grupos organizados de la sociedad civil para brindar los servicios asistenciales a la población migrante que transita por Nuevo León.
“Esta ley busca una coordinación entre los entes públicos estatales, municipales y organismos autónomos también, principalmente, para brindar un trato digno y salvaguardar los derechos humanos de la población migrante”.
“Presentamos esta Ley de Protección y Apoyo a Migrantes porque la situación migratoria ha tomado mucho auge durante los últimos meses, sobre todo con la llegada de los haitianos que, además, se suma a los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que llegaron a Monterrey a realizar algunos trabajos informales”, detalló la legisladora local.
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FOTO: Archivo
Vargas García añadió que la entidad actualmente padece una crisis migratoria, producto de la gran cantidad de extranjeros que no han logrado cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Muchos han optado por permanecer en Nuevo León de forma temporal o incluso permanente, pero se encuentran en riesgo de ser objeto de abusos por parte de bandas criminales.
De hecho, en días pasados, el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León advirtió que hay crímenes como la trata de personas, que van al alza en la entidad que demuestran la crítica situación que viven los migrantes en el estado.
La diputada añadió que la propuesta de Ley no se contrapone con la ley federal, ni pretende regular los flujos migratorios; tampoco establecer oficinas especiales para atender sus solicitudes para regularizar su situación migratoria.
Y explicó que lo que buscan es evitar una crisis humanitaria entre los grupos migratorios, como ha sucedido en el pasado.
Se manifestó a favor de las gestiones del estado y los municipios para pedir apoyo a la federación, pero enfatizó que hacer falta un marco jurídico que realmente brinde certeza y seguridad a los migrantes y a los neoloneses ante estos fenómenos migratorios que ocurren cada vez con más frecuencia.
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