La intolerancia religiosa en Oaxaca escaló a uno de sus puntos más álgidos en diciembre pasado, cuando 15 integrantes de seis familias fueron encarceladas y desterradas de la comunidad de San Pedro Chimaltepec, por negarse a organizar y cooperar con las festividades religiosas.
Este es sólo uno de los 57 conflictos que han sido identificados por el Congreso del estado, donde recientemente se presentó una iniciativa con proyecto de decreto para tipificar la intolerancia religiosa como delito.
El pastor cristiano Cipriano Garza denunció el encarcelamiento de sus compañeros por parte de las autoridades auxiliares de San Pedro Chimaltepec, que pertenece a la región Mixe.
Sin una orden judicial y abusando de su poder, el agente municipal Zósimo Victorino Márquez y el alcalde Demetrio Isidro Jiménez ordenaron el encarcelamiento, primero, de tres pastores del centro misionero ubicado en esta localidad.
“Pretendieron obligarlos a realizar la mayordomía por las fiestas patronales de la comunidad, pero ellos explicaron que tienen otra ideología”, señaló al exponer que fueron echados de la comunidad junto con niños y niñas. Los afectados se han refugiado en otras localidades cercanas incluso en la capital oaxaqueña.
Pero la situación se repite, y es que desde 2005 unas 24 familias fueron expulsadas de Estancia de Morelos, comunidad del municipio de Santiago Atitlán, de la Sierra Mixe, por profesar una fe distinta a la católica.
Los pobladores se han refugiado en la localidad de Tlacolula de Matamoros, tras un peregrinar ante las autoridades locales.
BUSCAN SANCIONAR
Son al menos 57 municipios de la entidad en los que persisten conflictos, enfrentamientos y hasta desplazamientos forzados por no permitir la libre asociación religiosa.
Ante este panorama las diputadas locales Dennis García Gutiérrez y Haydeé Irma Reyes Soto presentaron una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el párrafo primero del artículo 412 BIS del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Lo anterior, para tipificar como delito el que se impida la libre asociación religiosa en el estado toda vez que, en los últimos meses los conflictos han llegado a su punto más álgido, pese a que se han implementado más de 129 mesas de trabajo.
Por lo que se espera que quien cometa este delito sea acreedor a uno o tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa, tal como lo establece en los otros rubros que consideran género, raza, condición social y demás.
La legisladora Dennis García Gutiérrez lamentó que la violación o el impedimento a la libre asociación religiosa no sean considerados como un delito.
“La realidad que se vive actualmente en las comunidades del sureste mexicano, en particular Oaxaca y Chiapas, ponen de manifiesto la deuda histórica que existe en el trato igualitario a los individuos por causa de creencia religiosa”, agregó la legisladora.
Según informe de la Secretaría General de Gobierno, en Oaxaca han existido discrepancias y diferencias entre los simpatizantes de uno u otro credo, por lo que hubo necesidad de implementar 129 mesas de trabajo de un total de 57 conflictos religiosos en el estado, en las regiones de la Cañada, Costa, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales.
CAR
