Los regidores morenistas de Guadalajara presentaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una solicitud para que sea atraído el caso de la compra y arrendamiento a sobreprecio de patrullas en la ciudad.
“En Jalisco no está clara la ley, por eso venimos a la Ciudad de México a platicar con el gobierno federal para poder esclarecer ante los ciudadanos de Guadalajara los sobreprecios a los que se están comprando las patrullas”, apuntó el regidor Carlos Lomelí.
Por su parte, la regidora Mariana Fernández subrayó que temen probable contubernio entre las autoridades tapatías y el Tribunal Administrativo, porque primero un magistrado otorgó la suspensión y luego otro que recibió el caso en febrero decidió anular la suspensión.
“Nosotros sospechamos del manejo del Tribunal de Justicia Administrativa. No nos queda claro el proceso dentro del tribunal, creemos que hubo colusión. Anula la suspensión sin conocer el contenido, no es porque se hable que la compra estuvo bien hecha o porque les dé el crédito de que es transparente la compra, es porque el juez federal dice que los hechos ya están consumados, ¿qué significa?, que ya se había firmado el contrato con las patrullas. Esperamos que la SFP federal atraiga este caso y revise la actuación también de todo el proceso judicial y cómo actuaron los magistrados aquí en Jalisco”, indicó Fernández.
Por lo pronto, la entrega de motocicletas en Guadalajara comenzó. Mientras tanto, la Contraloría Ciudadana municipal realiza una investigación paralela; su titular, Cynthia Cantero Pacheco, explicó a El Heraldo de México que recopila toda la documentación en diversas líneas.
CAR
