El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que durante el martes 1 de marzo emitirá una nueva iniciativa al Congreso del Estado para modificar el delito de ultrajes a la autoridad.
Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que es inconstitucional el artículo 331 del Código Penal de Veracruz, que establece una pena de prisión de seis meses a dos años a quien amenace o agreda a un policía y la sanción aumenta de cinco a siete años de cárcel si esa conducta se realiza con violencia o por una o más personas armadas, portando instrumentos peligrosos.
Por ello, el mandatario estatal indicó que el martes será enviada una nueva iniciativa para que esta misma semana sea abordado el tema en el pleno de la sexagésima sexta Legislatura.
En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, García Jiménez indicó que sólo hay cerca de 200 personas detenidas por ultrajes a la autoridad y es probable que obtengan su libertad tras el fallo de la SCJN.
“Tenemos que redactar de mejor manera, no como la del 2003, del artículo que enviemos pueda redactar de tal manera que se siga penalizando la acción violenta con armas, cuando se hace la función de seguridad, ya vamos a cuidar la redacción”, expresó.
El Ejecutivo estatal pidió a los diputados locales atender su iniciativa de manera responsable y cuidando los tiempos que marca la ley.
Añadió que tenía conocimiento sobre la posibilidad de que la SCJN determinara inconstitucional dicho delito y, por ello, se anticiparon y trabajaron en una nueva reforma que castigue los ataques contra los policías.
“En definitiva no puede ser ultrajes a la autoridad, la Corte te lo esta diciendo, puede ser agresión violenta, ya lo veremos inmediatamente, vamos a ponernos a trabajar con los equipos jurídicos”, enfatizó.
Cabe recordar que el domingo 27 de febrero, las diputadas y diputados locales avalaron la subsistencia del delito de ultrajes a la autoridad, con 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
Los legisladores de oposición consideraron que la derogación de sólo dos fracciones del artículo 331 representaba una “simulación”, que desacataba la recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emitió al gobierno de Veracruz por la detención ilegal de seis jóvenes en Xalapa, a quienes no se les pudo comprobar dicho delito.
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