El gobierno federal comenzó a revisar los permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica que, de resultar “irregulares”, anunció que serían revocados; también puso la lupa a los contratos de producción independiente, a fin de ser renegociados o terminados anticipadamente.
A través de una tarjeta informativa que difundió ayer la Presidencia de la República, un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), se detalló que existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77 mil socios-clientes, entre quienes se compra y venden energía eléctrica.
“Como se podrá observar se termina el negocio heredado donde se benefició a la inversión privada extranjera (Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, etc)”, destacó la Presidencia.
Sobre los contratos de producción independiente, se revisará su “legalidad y rentabilidad financiera para el Estado” y, en su caso, serán renegociados o terminados anticipadamente.
Y es que de acuerdo al gobierno federal, a dichas centrales se les paga el 100 por ciento de la energía por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque no se entregue.
La Presidencia señaló, además, que la CFE podrá celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física, lo que significa que podrá hacer un despacho de sus propias centrales.
“Las hidroeléctricas tendrán un despacho prioritario, son 60 hidroeléctricas que aportan 10% de energía en el sistema eléctrico, antes del inicio de esta administración se utilizaban sólo para respaldo. Hoy se lleva a cabo la modernización y construcción de 16 proyectos hidroeléctricos que permitirá la participación de energía en el 18% del sistema eléctrico”, apuntó.
Al día de hoy los productores privados mantenían el monopolio del despacho preferente, con esta resolución el CENACE dará prioridad a lo que beneficia a la CFE”, apunta.
MAAZ
