El ministerio público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) imputó a los diez detenidos por el enfrentamiento en la planta cementera de la Cruz Azul, en la localidad de Jasso, en el municipio de Tula, cargos por homicidio doloso, lesiones y daño en propiedad.
La representación social presentó ante un juez de control a diez posibles implicados en el ataque que dejó ocho muertos y 12 heridos.
De los detenidos, nueve son hombres y una mujer, quienes aseguraron ser originarios principalmente del Estado de México, además de aceptar que participaron en el ingreso violento a la planta por dos móviles: ser reclutados bajo la promesa de un pago, o de obtener trabajo como obreros en La Cruz Azul.
En el sitio, donde se incendiaron vehículos y se registraron quemas, los peritos hallaron indicios balísticos, como casquillos percutidos de calibres 38 y 9 milímetros.
De acuerdo con información obtenida de la mesa de seguridad interinstitucional que lleva a cabo labores de inteligencia y la investigación del caso, de los ocho masculinos que fallecieron, siete presentaron múltiples lesiones traumáticas que ocasionaron fallas en órganos, mientras que la octava víctima pereció a consecuencia de impactos de arma de fuego.
Los dos bloques que pelean el control de la Cooperativa –primero en juzgados, pero también con actos de violencia como el de este 27 de abril– están liderados, uno, por José Antonio Marín y Víctor Velázquez, y el otro por Francisco Sanabria.
Este último tiene la posesión de la cementera, porque, afirma, cuenta con un amparo otorgado por un juez federal que lo faculta para hacerse cargo de las instalaciones en Ciudad Cooperativa. La contraparte, a su vez, acusa que tiene nombramientos legítimos, que, asegura, son validados también por instancias federales.
En sus declaraciones, los integrantes del grupo de choque que ingresó a la cementera refiere que sus domicilios se encuentran en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tecámac, Chalco y otras demarcaciones, y que mediante intermediarios les comentaron sobre un “trabajo” relacionado con un desalojo, o con promesas de plazas en la cooperativa.
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