En los próximos meses, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) abrirá dos centros más para la capacitación y certificación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, uno en Chihuahua y otro en Baja California; este último, atenderá a la población migrante.
El trabajo del Inali es garantizar que los indígenas que estén en algún procedimiento legal o médico puedan entender los procedimientos en su lengua.
“Se está trabajando en dos sentidos, presencial y virtual. No en la proporción que quisiéramos, porque no tenemos todos los intérpretes que quisiéramos”, comentó Jesús Jaimes Morín, director de Acreditación, Certificación y Capacitación.
En la actualidad, en el país hay dos mil 180 intérpretes y traductores certificados. Jaimes precisó que la idea es tener en los estados intérpretes, no sólo de la lengua originaria, sino de las que llegan por la migración interna.
“A finales de mayo certificamos en Chihuahua a hablantes rarámuris que son originarios de Chihuahua, pero también a mixtecos, hablantes en náhuatl y mazahuas, porque hay población migrante en esa comunidad. Ciudad Juárez tiene más mazahuas que rarámuris en todo el estado”, comentó.
Las personas que muestran interés por certificarse pueden hacerlo en los 10 centros que ya hay en ocho estados del país. Además, la Universidad Intercultural del Edomex, el bachillerato comunitario en Oaxaca y las universidades interculturales capacitan a jóvenes a la par de sus estudios.
Esta modalidad ha ayudado a que mujeres hablantes de alguna lengua indígena también se capaciten, lo que ayuda a cerrar la brecha de género, no sólo como derecho a la opción, sino para coadyuvar en una atención efectiva y en razón de género.
Tal es el caso de Domitila, una mujer mazahua que fue puesta en libertad tras una solicitud de amnistía apoyada por organizaciones sociales.
La mujer fue detenida en Oaxaca por transportar droga en 2019, y sentenciada sin perspectiva de género, ni interculturalidad, y sin tomar en cuenta las amenazas que denunció, lo que fue ignorado por el agente del Ministerio Público, el juez y hasta por su defensa.
Por este caso y otros, en el Parlamento de las Mujeres Indígenas, realizado en marzo pasado en el Senado de la República, diversas mujeres manifestaron la falta de apoyo.
Por tal motivo, el senador Eduardo Ramírez promovió una iniciativa para garantizar que las mujeres indígenas tengan compañía durante un proceso penal.
“Las mujeres que son víctimas de algún delito serán asistidas gratuitamente por intérpretes y defensores que estén debidamente registrados”, puntualizó.
Para garantizar esta gratuidad, las dependencias tanto de gobierno como privadas deben de tener claro que el servicio debe pagarse.
“No debe verse el servicio de traducción e interpretación como solidaridad, deben de ser reconocidos. Cuando un extranjero es sometido a un proceso penal o de salud, el Estado mexicano no escatima recursos para contratar a un intérprete. El mismo trato debe de tener el intérprete mexicano”, puntualizó Jaimes.
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