La Guardia Nacional no es la solución

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se registraron 109,059 homicidios dolosos del 2018 al 2021 y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha informado que en lo que va del 2022, México tiene un promedio de 84 homicidios dolosos diarios.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el actual sexenio, en México desaparecieron y no han sido localizadas 30,623 personas.

Con el objetivo de garantizar un ambiente seguro en el cual los ciudadanos no se encuentren constantemente amenazados del miedo de ser la próxima víctima de estos crímenes, el gobierno optó por modificar su estrategia de seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al poder legislativo una iniciativa que reforma, adiciona y deroga varias leyes secundarias con el fin de transformar a la Guardia Nacional (GN).

Esta iniciativa propone reformar los artículos 29, fracción IV y 12, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como adicionar el artículo 13 Bis, fracción I, de la Ley de la Guardia Nacional, para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control administrativo y operativo de la GN.

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Esto es violatorio a de nuestra Constitución, ya que en el artículo 21, establece que la Guardia Nacional debe ser una institución policial de carácter civil. Además, deberá estar adscrita a la Secretaría del ramo de seguridad pública, esto es, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Mediante la modificación que se plantea, tanto el mando como el control operativo de la Guardia Nacional pasarán a ejercerse por conducto del titular de la Sedena, con lo cual la mayor fuerza policial del país será totalmente un cuerpo militar. Es decir, se militarizará la seguridad pública de México, que no debería depender de un organismo civil, ya que el entrenamiento militar es muy diferente al entrenamiento policial.

De hecho, la Guardia Nacional ya tiene una fuerte presencia militar, puesto que el 76.2% del personal que conforma la GN fueron elementos de las Fuerzas Armadas del país, según el INEGI.

Sedena formulará la estrategia y programas de acciones de seguridad interna de México, sin embargo, para mantener un orden civil no se debe depender exclusivamente de ésta, ya que la estrategia tiene un elevado costo: nuestros derechos humanos.

Desde la creación de la Guardia Nacional, en 2019, ha acumulado 1,109 quejas (cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos / CNDH); la GN y la Sedena están dentro de las 10 instituciones federales con mayor número de quejas por violaciones a DDHH, entre ellas privación de la vida, tortura, desaparición forzada y detención arbitrarias. (Fuente Amnistía Internacional México, Comisión Nacional de Derechos Humanos).

Según su informe enviado al Senado, en 2021, la GN solo detuvo a 8,258 personas.

Es necesario diferenciar entre la agenda de defensa nacional y la de seguridad interior, pues pertenecen a ámbitos y dinámicas totalmente divergentes. El papel de la policía es reprimir la delincuencia civil, garantizar el orden y proteger a los ciudadanos de la delincuencia. En contraste, corresponde a las fuerzas armadas impedir las invasiones de otros países y participar en operaciones en el extranjero para defender los intereses del país.

Adscribir la Guardia Nacional a la Sedena no es la solución para afrontar esta crisis; esto viola nuestra Constitución y desde el punto de vista de los derechos humanos, destaca el hecho de que el mando militar no está capacitado con la facultad de proteger a los civiles, pues una de sus principales funciones es luchar en guerras y defender a la patria del enemigo. México requiere medidas más eficaces, una estrategia de seguridad interna que no esté condenada al fracaso y que realmente nos proteja a todos.