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Horas antes para la entrada en vigor de la reforma de subcontratación, el Congreso avaló una prórroga de 30 días para que las empresas que tienen empleados subcontratados u ofrecen servicios del llamado outsourcing, cumplan con los requisitos para integrarse a los registros del gobierno federal y puedan continuar ofreciendo sus servicios.
En fast track, en menos de cinco horas, las Cámaras de Diputados y Senadores desahogaron en un periodo extraordinario el aplazamiento a la reforma del llamado outsourcing, con lo cual se da oxígeno a los empresarios y personas que durante 90 días no pudieron regularizar su situación ante las instancias federales.
El decreto fue enviado al Ejecutivo y entra en vigor a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que el aplazamiento de medidas fiscales y sanciones a incumplidos (de hasta 4 millones de pesos) quedan sin efecto hasta el primero de septiembre próximo.
Las sanciones y disposiciones fiscales para empresas que ofrecen servicios de subcontratación, ahora, entran en vigor el 1 de septiembre, con la finalidad de que la iniciativa privada pueda cumplir con sus responsabilidades, como el pago de multas o cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con lo cual pueden acceder a los registros oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para poder seguir ofreciendo servicios del llamado outsourcing.
El mismo periodo de 30 días más tienen las empresas para poder regularizar la situación de sus trabajadores que estaban subcontratados, y que éstos sean integrados a la nómina con todas las prestaciones de ley, como seguro social, aguinaldo y reparto de utilidades. Igual plazo es para las empresas que ofrecen servicios especializados y tienen que registrarse ante la STPS.
En tribuna se habló de cerca de 40 mil empresas que ofrecen servicios de subcontratación, y 35 mil no han podido regularizar su situación. Mientras que aproximadamente 3.1 millones de trabajadores siguen sin regularizar en las nóminas de las empresas.
A pesar de que el PAN y Movimiento Ciudadano incluyeron reservas para que la prórroga no sea de 30, sino de cinco meses, Morena y sus aliados votaron en contra para dejar únicamente el plazo de un mes.
Los panistas fueron los únicos en votar en contra de aplazar 30 días la entrada en vigor de las medidas fiscales y sanciones referentes, ya que se mantuvieron en la postura de que los empresarios necesitan más tiempo para ponerse al corriente.
MAAZ
