Un juez federal suspendió la entrada en vigor del decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El Juez Noveno de Distrito en Guanajuato admitió a trámite la demanda promovida por organizaciones de la sociedad civil como Uniendo Caminos México y otorgó la medida.
“Se concede al quejoso la suspensión provisional solicitada, para que las cosas se retrotraigan al estado que guardaban antes de la promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial en 9 de septiembre de 2022, y, en consecuencia:
“No se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena y dicho organismo continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como prescribe el artículo 21 de la Constitución”, indicó el juzgador.
También señaló que las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional deben suspender de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios y materiales.
Joan Ochoa Sada, vocero de Uniendo Caminos, informó en entrevista con El Heraldo de México que este viernes se realizará la audiencia incidental en este juicio de amparo para determinar si se concede la suspensión definitiva.
“Este decreto está suspendido hasta nuevo aviso, no está eliminado, pero no pueden hacer ahorita esa incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena”, señaló.
En un comunicado, esta asociación, así como Unión Cívica 1 país; Firma Jurídica; AC&AC Asociados; Tojil Eek, entre otras, informaron que desde septiembre pasado promovieron 53 amparos contra este decreto.
“El número de expediente se encuentra radicado con el número 1161/2022 del Juzgado Noveno del Décimo Sexto Circuito.
“Del mismo, cabe apreciar que estas organizaciones se han mantenido luchando jurídicamente desde la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (Enrique Peña Nieto 2018), Acuerdos militares para Efectos de Seguridad Pública (AMLO 2020), y seguiremos insistiendo que la militarización de la Seguridad Pública en el país, no es la solución, sino que debe de acompañarse las Fuerzas Armadas en conjunto con la Seguridad Pública civil”, indica el comunicado.
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dhfm
