Más de 320 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí preparan las demandas que presentarán ante el Tribunal Laboral, en caso de que el Dictamen del Plan B de la Reforma Electoral en febrero sea votado a favor en el Senado como sucedió en la Cámara de Diputados, reveló este viernes el vocal ejecutivo de la Junta Local, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas.
“Ya lo están haciendo en todo el país, están organizándose, contratando despachos externos de abogados, están revisando opciones, la cantidad de litigios que vamos a ver con esta norma creo que no tiene precedente, no recuerdo un caso donde se haya generado tanta inquietud por un tema como es el electoral”, enfatizó.
Calculó en más de 6 mil millones de pesos el costo de dar de baja al 85 por ciento del personal profesional del INE en el país como está planteado y el organismo no cuenta con esos recursos para hacerlo el próximo año, lo que traería consigo una enorme cantidad de litigios laborales.
Aispuro Cárdenas añadió que cada empleado que sea afectado tiene el derecho además de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque es la autoridad que resuelve conflictos laborales en el Instituto, además de acudir ante un Juzgado de Distrito si siente que sus derechos civiles fueron vulnerados, “vamos a ver una reacción fuerte que se va a reflejar en juicios ante los tribunales federales”, espetó.
En conferencia de prensa, luego de hacer una relatoría de lo que a juicio del INE contiene la Reforma Electoral y que son violatorios a la Constitución, el funcionario federal destacó que, a su juicio, hay dos puntos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debiera tomar en cuenta para ni siquiera ingresar a un análisis de fondo en una eventual acción de inconstitucionalidad.
Uno, que las reformas a las seis leyes secundarias no fueron consultados a pueblos y comunidades indígenas como lo mandata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del que México es firmante. El segundo, que en el proceso legislativo en la Cámara de diputados no se tomó en cuenta a las minorías y fue impuesto por la mayoría de Morena y sus aliados.
“Desde mi punto de vista tendrá que entrar a revisar consideraciones de previo y especial pronunciamiento antes de entrar al fondo, por lo tanto, ni siquiera tendría que pensarse en la necesidad de los ocho votos para que se declare la constitucionalidad”, subrayó.
Recordó que hay antecedentes similares en casos de la entidad potosina, así como en otros estados donde la Corte detuvo reformas en materia electoral, de leyes orgánicas municipales y de educación por no haber consultado a poblaciones objetivo.
Sobre el documento que circuló el INE con los puntos que considera violan la Constitución y hace inviable el proceso electoral del 2024 donde se elige a titular de la Presidencia de la República, el delegado federal rechazo que sea “curarse en salud”, puesto que tienen la obligación de señalar esas incongruencias y fallas que hacen inaplicable esa porción de la reforma.
“Tal es la cadena de detalles de operación que encuentra uno con defectos en este rediseño institucional que es una apuesta a que las cosas no salgan bien, lo que hace la institución es de buena fe”, sostuvo.
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dhfm
