En medio del juicio que se está desarrollando en Estados Unidos contra el exfuncionario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que cuenta con dos órdenes de aprehensión contra el excolaborador durante la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa emitidas por jueces federales por delitos cometidos en México que no tienen vinculación con el proceso que se está realizando en Nueva York.
A través de un comunicado, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero, detalló que las gestiones que se han hecho ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y autoridades norteamericanas para obtener la extradición de García Luna se llevan a cabo en el marco de las limitaciones legales correspondientes.
“El primer mandamiento de captura es el relativo a la participación de Genaro “G”, en el caso de la introducción ilegal de armamento denominado Rápido y Furioso. En este asunto, las armas que las autoridades mexicanas, en su momento, permitieron entrar ilegalmente, han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia”, señaló la FGR en una tarjeta informativa.
Se destacó que la segunda orden de aprehensión corresponde al caso de los CEFERESOS (penales federales privatizados), en el cual su participación fue fundamental para generar un daño patrimonial inmenso y una serie de responsabilidades penales al respecto. En este aspecto, la FGR recalcó que el gobierno federal ha intervenido para revertir los daños mencionados.
Los “contratos” de García Luna
Durante el mes de enero, del año 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia matutina los 8 contratos que se entregaron a particulares para la administración de centros penitenciarios. De acuerdo con información de la actual administración de la denominada “4T”, estos contratos iniciaron en el año 2010, cuando el titular del Ejecutivo era Calderón Hinojosa y el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, hoy investigado por narcotráfico en EU.
El mandatario reveló que dichos contratos fueron firmados hasta el año de 2032 y en algunos casos hasta el 2037, por un total estimado de 266 mil 300 millones de pesos, de los cuales presuntamente se tiene un monto a pagar de 190 mil millones 638 pesos.
Por su parte, en su participación ante la prensa nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez aseguró que cada interno tenía un costo estimado mensualmente de 114 mil 588 pesos, es decir, un promedio diario de 3 mil pesos.
Entre los penales involucrados en estos contratos liderados por García Luna se encuentran dos que están Guanajuato, uno en Sonora, otro en el estado de Oaxaca, uno en Durango, Chiapas, Michoacán, y un último femenil en Morelos. Estos contratos, de acuerdo con la información del Gobierno Federal, fueron adjudicados a empresas como Arendal, GIA, ICA, Prodemex, Tradeco y Grupo Ideal.
Foto: Gobierno Federal
En los apartados que destacan en los contratos se lee que los centros penitenciarios son propiedad de la SSPC, pero al concluir la vigencia, las instalaciones serán propiedad del proveedor. En abril de 2021, se informó sobre la renegociación de diversos contratos, así como el traspaso de los inmuebles al Estado al final del convenio. Se estaría ahorrando anualmente, según el Gobierno Federal, 2 mil 300 millones de peso.
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