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La bancada del PRD en la Cámara de Diputados llamó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) a que investigue por presuntos delitos electorales a Gabriel García Hernández, quien anunció este jueves que renunciará a la coordinación general de Programas Integrales de Desarrollo.
A través de un comunicado, los legisladores del sol azteca acusaron que García Hernández tiene señalamientos de usar los recursos públicos y programas sociales con fines clientelares para beneficiar a Morena en los pasados comicios federales.
“Gabriel García es un delincuente electoral, y no debe quedar impune”, dijo la coordinadora del grupo, Verónica Juárez.
Y es que Gabriel García era coordinador general de Programas para el Desarrollo, estaba a cargo de los 32 superdelegados, 260 delegados regionales y de los 25 mil servidores de la nación, y de ejecutar los programas integrales de desarrollo económico-social.
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Entre dichos programas se encuentran Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, Producción para el Bienestar, Crédito Ganadero a la Palabra, Tandas para el Bienestar, Sembrando Vida, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, entre otros.
“Es decir, el ahora excoordinador de Programas para el Bienestar era el operador político de López Obrador, quien a través de superdelegados, los servidores de la nación y el uso clientelar de los programas sociales fue determinante para influir en los resultados electorales del 6 de junio en favor de Morena”, acusa Verónica Juárez Piña, a nombre de su Grupo Parlamentario.
Acusó que Gabriel García usó los recursos públicos, a una amplia red de funcionarios y los programas sociales para montar una sofisticada estructura electoral para promover con fines políticos a López Obrador, comprar el voto e influir de manera ilegal en las elecciones en favor de Morena.
“Por eso debe ser investigado por la FEDE, por presuntos delitos electorales definidos como aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible”, dijo.
Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo
DRV
