Dirigentes, concejales, alcaldes y diputados del Congreso de la Ciudad de México avalaron el Paquete Económico 2022, presentado la semana pasada por la secretaria de Finanzas, Luz Elena Escobar.
Al hacer uso de la voz, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valentina Batres, dejó en claro que con esta propuesta se atienden las principales preocupaciones de la población en temas como justicia; orden público, seguridad interior; protección ambiental; vivienda; servicios a la comunidad; salud; educación; protección social y transporte.
Asimismo, indicó que no hay nuevos impuestos pese a que la propuesta de Código Fiscal explique lo contrario, incluso, dijo “invito a todas y a todos a no dejarse engañar”.
Por lo que, la morenista cerró filas con el gasto e ingreso de recursos capitalinos y se prevé que no se le mueva ni una coma a la propuesta, tal cual lo solicitó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
“Reafirma el enfoque de justicia social y de derechos en la asignación de recursos que genera una mejor y más justa distribución de la riqueza, poniendo a las personas al centro de las decisiones de su gobierno”, puntualizó.
El presupuesto de la Ciudad de México para 2022 será de 234 mil millones de pesos, de los cuales 43 mil millones serán para las 16 alcaldías de la capital.
Destacó que las alcaldías como Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc cuentan con incrementos superiores al 5 por ciento, “a pesar de que la mayoría de los servicios que utilizamos son provistos por el Gobierno Central”.
“Cabría preguntarle a la oposición si prefieren que el Metro siga costando 5 pesos, que todos tengamos subsidios en el agua o en el predial o que ellos tengan más dinero a pesar de que eso implique la necesidad de subir los impuestos. La respuesta es clara, nos quedamos con los servicios que la Ciudad presta a todos, no importando donde vivamos”, destacó.
Finalmente destacó que “el presupuesto posee una visión amplia con la que se atienden las necesidades sociales, continúa un esquema progresivo de recaudación donde paga más quien más tiene, y fortalece las políticas de un gasto austero, honrado y eficiente que permite contar con los recursos necesarios para mantener los subsidios y apoyos fiscales en beneficio de las personas que más lo necesitan”.
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