Mara Guzmán es auxiliar administrativo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). Padece una enfermedad autoinmune crónica que afecta fundamentalmente a las articulaciones de la columna vertebral (espondilitis anquilosante), y en medio de la pandemia fue obligada por Krystian Felype Luis Navarro, el segundo visitador del organismo, para que trabajara de forma presencial.
Incluso Luis Navarro la hostigó y amenazó con despedirla si no cubría un horario en medio de la contingencia sanitaria por la COVID-19. Su médico reumatólogo de la Clínica 110 del IMSS le recomendó que trabajara desde casa y que se debía cuidar, porque su estado de salud la hace población vulnerable al coronavirus.
Sin embargo, el segundo visitador la llamó a laborar de forma presencial desde mayo de 2021, un día, y a partir de junio la obligaba a ir en horario completo a la oficina, un día a la semana.
Además la comisionaba a capacitaciones o actos fuera de la oficina, como en los operativos Salvando Vidas, en la Academia de Policía o incluso a dar seguimiento a las denuncias por los jóvenes detenidos en la Fiscalía durante las manifestaciones para exigir justicia por Giovanni López. Lo anterior, pese a que presentó tanto el diagnóstico como los pormenores de su tratamiento. El acoso y la intimidación e incluso insensibilidad continuaron.
“El tratamiento farmacológico que tomo son inmunosupresores que me hacen vulnerable a contraer virus y bacterias. En 2020, cuando comenzó la contingencia sanitaria que fue en marzo, nos dieron la instrucción de laborar desde casa. Ya en mayo (de 2021), el visitador general dio la instrucción que ya fuéramos a trabajar normalmente a la oficina, aun y cuando la contingencia sanitaria seguía. Ya en junio, me obligaron a presentarme a laborar una vez por semana, cada viernes tenía que ir a poner el trabajo al corriente, el administrativo, porque yo estaba trabajando desde casa integrando y conciliando quejas”.
Con argumentos de que la Comisión no la había enfermado y que si su preocupación eran sus hijos, que “los sacara de la escuela y que con ese dinero pagara una niñera que los cuidara para que yo me viniera a trabajar”, siguió la intimidación.
Después, el trato y derivación de casos para su atención desde casa, estuvo a cargo de un becario que, le dejó de pasar casos desde el 28 de septiembre, con lo que quedó casi dos meses aislada y sin actividades laborales.
“Tuve que promover dos amparos, porque el 28 de octubre presenté un escrito en la Oficialía de Partes de la comisión, presentando queja por la violación a mis derechos humanos, y ese escrito lo mandaron a presidencia y estuvo varios días en ahí, como una semana, hasta que yo llamé a la Dirección de Quejas y pregunté que si ya lo habían registrado, que si ya le habían pasado número de queja, y me dieron que no, que lo habían pasado a Presidencia directamente y que lo iban a rescatar. Ese mismo día rescataron el escrito, pero dijo que como ya había un procedimiento ante el órgano interno de Control y que como ya estaba archivado el procedimiento yo me tenía que quedar con esa resolución”.
Ante el Ministerio Público también se hizo una denuncia, en donde se presentaron un testigo y pruebas, pero se archivó la carpeta de investigación sin desahogar las diligencias pendientes o tomar en cuenta las pruebas. Fue entonces que escaló las denuncias ante el Órgano Interno de Control de la fiscalía y también, a principios de julio, Mara presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD). Derivado de esto, el 28 de julio se reabrió la carpeta, cambiaron al Ministerio Público e incluso se presentaron policías investigadores ante la Segunda Visitaduría para entrevistar al personal.
A partir del 29 de noviembre la cambiaron de visitaduría y en la actualidad cuenta con medidas cautelares por parte de la Fiscalía del estado, e incluso porta un dispositivo Pulso de vida. Sin embargo, debe estar cerca de quien ejerce violencia y acoso laboral. A partir del 30 de noviembre tiene medidas cautelares vigentes por 60 días y el Ministerio Público también le entregó un dispositivo electrónico de Pulso de Vida aunque al acudir a la oficina, la distancia entre el agresor y ella no existe.
“El coordinador de recursos humanos en el oficio que me notificó, en donde me cambian de área, dice que como ya tengo las dos vacunas contra la COVID-19, yo ya no soy vulnerable, pero lo comenté con el reumatólogo y me dijo que definitivamente que no, porque tomo inmunosupresores que modifican el sistema inmunológico y es muy riesgoso que se vaya a trabajar normalmente, la contingencia sanitaria todavía no termina y tiene que cuidarse mucho”, dijo.
También expuso que los reiterados acosos y episodios de estrés, le han traído como consecuencia que su padecimiento se agravara, depresión, insomnio y cambios de humor que le afectan tanto física como emocionalmente.
Actualmente, Mara tiene una nota médica del reumatólogo del IMSS en donde se menciona que es vulnerable por el tratamiento de inmunosupresores, misma que se le entregó el 27 de diciembre, cuando tuvo su última cita médica de este 2021.
Y aunque se pidió la réplica de este caso para dar voz al titular del Órgano interno de Control de la CEDHJ, hasta estos momentos no se dio respuesta debido a que está de vacaciones, según confirmaron de la oficina de Comunicación Social.
MAAZ
