En el gobierno de Jalisco, a cargo de Enrique Alfaro, se duplicó el número de personas a las que autoridades estatales y municipales les violentaron sus derechos humanos.
De acuerdo con información de la Secretaría General del Gobierno de Jalisco, documento cuya copia tiene El Heraldo de México, en el periodo comprendido entre 2018 a agosto de 2022 se registraron mil 308 personas que reciben asistencia para la reparación integral por el delito o violación a los derechos humanos cometidos por autoridades estatales y municipales.
Esa cifra es el doble de la que se registró de 2015 a 2018 —antes de la llegada de Enrique Alfaro al gobierno estatal— cuando se tenían un total de 531 víctimas en manos de las autoridades.
El documento cuenta con un desagregado, en el que se detalla que, aunque con poco margen, las víctimas de autoridades estatal y municipal son más mujeres que hombres con un total de 659 y 649,respectivamente.
De las mil 308 víctimas de violaciones a sus derechos, 655 fueron directas y 653 indirectas, dice el reporte.
“El número de víctimas directas e indirectas son beneficiarias del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por delito y violación a sus derechos humanos cometidos por autoridades estatales y municipales, desagregados por género en los periodos solicitados”, indica el documento.
Las víctimas de los funcionarios locales, según los datos del gobierno jalisciense, han tenido atención médica y psicológica de emergencia, alojamiento, alimentación y aseo personal, así como medidas de protección, transporte de emergencia, asesoría jurídica, gastos funerarios, entre otros.
La información del gobierno estatal precisa que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco (CEEAVJ) fue instalada por la Secretaría General de Gobierno el 27 de mayo de 2015, por lo cual únicamente a partir de esa fecha es que se pueden contabilizar las víctimas.
“La CEEAVJ sólo cuenta con una base de datos de registro de víctimas, pero no con una base con la clasificación de víctimas, razón por la cual no es viable generar un documento ad hoc del acuerdo”, ahonda el texto.
El gobierno estatal argumentó que no puede dar mayor información por el artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.
“El principio de enfoque diferencial y especializado al que obliga la ley, únicamente prevé atender características de las víctimas en razón de edad, género, creencias, etnia, discapacidades, preferencias y orientación sexual de la víctima; por lo cual, la ley no prevé que a las víctimas se les dé un tratamiento por sus características o condiciones particulares de victimización secundaria, como está previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco“, precisa la información del gobierno jalisciense.
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