El programa de Verificación Responsable (VR) no ha tenido los resultados que se esperaban y aunque se estarán abriendo más líneas para poder agilizar la atención de los automovilistas, que apenas alcanza el 10 por ciento del parque vehicular, pese a que las proyecciones al cierre del 2021 eran de llegar al 20 por ciento, las multas por no cumplir con esta acción de combate a la contaminación se iniciarán en el mes de junio y se socializará con los automovilistas que han sido omisos en este programa, así lo confirmó el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, quien reiteró que no se busca recaudar a través del programa.
Desde el inicio de este programa, algunos automovilistas tramitaron amparos y se reportan falta de fechas acorde a los calendarios bimestrales por terminación de la placa para acudir a la cita en los Centros Oficiales de Medición, que ahora es de cada 10 minutos.
Abraham Torres Andrade, responsable del Programa de Verificación Responsable, presentó este lunes un informe en donde se reconoció que el pasado 31 de diciembre tuvieron fallas en el sistema y se prolongaron los tiempos de espera hasta por dos horas, además de que dijo que aunque no se han tenido los avances esperados, el programa sí va teniendo resultados.
“Para el 2021 estaba proyectado alcanzar el 20 por ciento de la verificación vehicular existente en el estado, por su puesto que la pandemia nos ha traído retrasos en la instalación de la capacidad, sin embargo, se están inaugurando gradualmente y sostenidamente todos estos centros y lo importante es que se ha mantenido el incremento sostenido del incremento en el número de verificaciones, 110 mil es alrededor del 10 por ciento del parque estaría obligado a verificar en este momento”, dijo.
El programa llegó al 10 por ciento del parque vehicular
FOTO: Especial
Actualmente hay seis centros operando, que suman 29 líneas y sumarán revolución, Tepatitlán y Puerto Vallarta, para marzo se espera que esté listo el de Colón y San Sebastianito y para la segunda mitad del año tener las 105 líneas autorizadas hasta el momento y para el 2023, cerraría con 140 líneas y durante los 15 años que dura el programa, se estaría completando un total de 280 líneas.
Así, el corte de la verificación al 31 de diciembre es de 110 mil pruebas, el 81 por ciento ha sido aprobatorio, 19 por ciento reprobatorio y desde que se anunció la obligatoriedad a particulares, aunque se tiene capacidad de atención de más de mil 500 diariamente, a penas se está alcanzando esta cifra.
“Que reprueban en ese primer intento no quiere decir que ya se debe sacar de circulación, lo recomendable es que vayan, realicen la afinación y el servicio o mantenimiento automotriz necesario para que hagan un segundo intento y ya puedan aprobar su verificación”, señaló Torres.
Los vehículos de uso intensivo deben verificar en enero y febrero, porque el programa señala dos veces por año y en particulares, una vez al año. Para los que tienen placas foráneas, pueden realizar la verificación también y el 18 por ciento han sido reportados con placas de otras entidades, principalmente de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Morelos.
También, hasta el corte hasta el 26 de diciembre, reporta 179 mil pases de circulación temporal que principalmente se ha tramitado de la Ciudad de México y diversos lugares de Estados Unidos, así como de Michoacán, Guanajuato y Estado de México, entre otros lugares.
Suman 18 denuncias por hologramas falsos
Y aunque se han detectado casos de vehículos con hologramas apócrifos e incluso al inicio del programa, venta a través de redes sociales y grupos de mensajería digital, Enrique Alfaro insistió que los ciudadanos no deben acudir a las redes sociales o a la compra ilegal de hologramas, los cuales, insistió, son anti clonación por las medidas de seguridad, esto pese a que sí se han reportado clonaciones y hay 18 denuncias presentadas en la Fiscalía de Jalisco, de las cuales tres ya han sido judicializadas y las 15 restantes están en etapa de integración.
La falsificación de documentos oficiales es un delito de tipo penal y la sanción va de dos a seis años de prisión para quien produzca, distribuya o porte un certificado o un distintivo y amerita el retiro del vehículo.
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