El pasado 4 de octubre, el Senado de la República aprobó extender la presencia del Ejército en nuestras calles hasta el 2028, siendo esto un claro golpe contra los mexicanos, pero que, tristemente, no debería sorprendernos dado el debilitamiento institucional promovido desde el Ejecutivo.
En 2019 ya se había aprobado, con el artículo quinto transitorio, que el Ejército se encargara de la seguridad pública de manera extraordinaria hasta 2024, mientras se desarrollaba la Guardia Nacional. En la votación del 4 de octubre, si bien se presentaron una serie de modificaciones al artículo en cuestión, para supuestamente asegurar una mayor rendición de cuentas por parte del Ejército, estas caen en lo ambiguo y absurdo dado el creciente poder otorgado por el Ejecutivo al Ejército.
¿El Ejército ha hecho bien su labor en las calles mexicanas?
Para comprender las implicaciones de esta decisión, vale la pena recurrir al problema del principal-agente, modelo que representa situaciones en las que ciertos actores llamados agentes deben rendir cuentas ante otros llamados principales, que los premian o castigan en función de su actuación; sin embargo, los principales carecen de información precisa para evaluar correctamente el desempeño de los agentes.
En este lamentable caso de militarización, el gobierno y el Ejército cumplen el rol de principal y agente, respectivamente. El principal, ante la ausencia de información, otorga incentivos (beneficios) al agente para que este cumpla sus deberes. En México, dichos incentivos se traducen como poder.
Acemoglu, et. al., explican que está comprobado que, cuando los gobiernos ofrecen incentivos muy altos al Ejército en un entorno institucional débil en el que todo queda impune, el agente tiende a cometer actos contra la ciudadanía con tal de obtener dichos incentivos.
Debilitamiento institucional e impunidad
Actualmente, México es un gran ejemplo de debilitamiento institucional e impunidad, pues las instituciones que debían protegernos se han vendido al mejor postor. El problema del excesivo poder dado por el presidente de la República al Ejército, delegando tareas cuyo ámbito debería ser plenamente civil y no militar, y siendo aún más excesivo con la decisión del Senado, radica en los perjuicios para la sociedad.
Pensar que el Ejército rendirá cuentas honestamente ante instituciones claramente menguadas, es esperar demasiado, y más cuando se le han dado tantos incentivos para buscar sus propios intereses. Pensar que las instituciones que vendieron nuestra seguridad estarán capacitadas para exigir transparencia en el actuar del Ejército, es esperar todo de nada.
Se le ha dado tanto poder que será capaz de usar la ciudadanía como moneda de cambio con tal de acceder a los incentivos ya obtenidos, cumpliéndose lo expuesto por Acemoglu. Además, con la lógica de excepcionalismo con la que se estará manejando el Ejército, queda abierta la puerta a un sinfín de atentados contra la ciudadanía. Entre más poder brinde AMLO al Ejército, más alimentará esta espada de doble filo, pues nada asegura una perpetua lealtad del Ejército al Ejecutivo.
Domar las fuerzas armadas
Como afirmó el senador Germán Martínez, “…El próximo presidente de México, para que gobierne, tendrá que domar a las Fuerzas Armadas…”, pues los incentivos y el poder ya han sido dados y ahora, un golpe más se agrega a la lista de los múltiples cometidos contra la ciudadanía y la democracia.
Verdaderamente quiero equivocarme, pero los abusos del pasado y lo filtrado la misma semana en que se votó dicha cuestión respecto al espionaje ejecutado por el Ejército resuenan en mi mente y no puedo evitar preocuparme ante el futuro actuar del Ejército, pues sin instituciones fuertes que restrinjan la impunidad y los abusos de este, ¿cuáles serán los contrapesos para el agente en busca insaciable de poder?
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