Con dos bloqueos en Acapulco, activistas exigieron la liberación de Kenia Inés Hernández Montalván, activista indígena amuzga sentenciada a 21 años de cárcel por protestar en vías federales de comunicación.
En la primera actividad que sé realizó en la Costera Miguel Alemán, Yaneli Fuentes, vocera del “Comité para la liberación de Kenia”, denunció que los cargos que le imputan a Hernández Montalván son “ilegales”.
En su pronunciamiento, Fuentes sostuvo que la criminalización de Kenia “viene desde las empresas que están presionando al Estado” como OHL y Aleatica de origen español que tienen confesiones en las carreteras del país.
Yaneli recordó que el activismo de la abogada indígena amuzga comenzó en 2019 tras la desaparición, asesinato y encarcelamiento de activistas guerrerenses.
Como parte de sus primeras movilizaciones, participó en la toma de casetas para protestar; acciones por las cuales tiene abiertas nueva carpetas de investigación en su contra: tres en Guerrero, tres en Guanajuato, dos en el Estado de México y una en Morelos, en donde actualmente se encuentra recluida en un penal federal de máxima seguridad.
Kenia recibió una primera sentencia de 10 años y cinco meses de prisión en febrero de 2020 tras ser declarada culpable por el delito de robo con violencia cometido supuestamente en una caseta de la autopista Toluca-Zitácuaro.
Un año después, el pasado 10 de marzo un Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec, en el Estado de México, le dictó sentencia condenatoria de 11 años y tres meses de prisión.
De acuerdo con Yaneli, este segundo cargo se le imputó a pesar de existe un dictamen que señala que Kenia estaba a 600 kilómetros del lugar de los hechos ocurridos en 2019 por los cuales se le acusa y para los que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que se aplique la reforma que agrava la penalidad a partir del presente año.
Hecho que Yaneli recordó “es violatorio del artículo 14 constitucional” que indica que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ya que la Ley contra la toma de casetas aprobada en diciembre del año pasado, entró en vigor después de que se le dictó sentencia formal a Kenia.
En una segunda protesta en la que bloquearon el bulevar de las naciones en la zona Diamante del puerto, donde hoy se lleva acabo otra audiencia de forma remota en los Juzgados de esa zona, el colectivo lanzó consignas a favor de Kenia a quien consideran presa política del Gobierno de Héctor Astudillo Flores.
El colectivo adelantó que ante la falta de un pronunciamiento e intervención por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, continuarán con las movilizaciones en el estado.
Por Alfonso Juárez y Karla Benítez
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