Este día integrantes de la nueva administración de la Universidad de las Américas Puebla y de la Fundación Mary Street Jenkins en el consejo reconocido por la Junta de Instituciones de Asistencia Pública, indicaron que un Juez Penal ordenó restituir en favor del único patronato, el inmueble donde se encuentra la Universidad de las Américas Puebla. Esta resolución se fundamentó en el derecho que tienen los ofendidos a ser restituido en sus bienes ante la comisión de un delito.
En un comunicado de prensa, la abogada Cecilia Lira Maldonado, indicó que con la medida dictada por la autoridad judicial, se protege el inmueble donde se encuentra el campus de la Universidad de las Américas Puebla y se garantiza que el mismo continúe utilizándose como sede de esta gran institución educativa para beneficio de los estudiantes.
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Textualmente el documento indica que “con dicha medida se evita que el exrector Luis Ernesto Derbez y sus cómplices, quienes desviaron de la Universidad cantidades millonarias y también cuentan con órdenes de aprehensión, regresen a ser parte de la administración de la universidad”.
La universidad seguirá dando servicio.
La abogada indicó que el contrato del 30 de abril de 2014, que los integrantes de la familia Jenkins de Landa junto con los abogados Virgilio Rincón Salas, Carlos Román Hernández y Alejandro González Muñoz —hoy prófugos de la justicia-, celebraron y por el que transmitieron ilegalmente todos los bienes de la Mary Street Jenkins, incluido el campus de la UDLAP, a favor de Fundación Bienestar de Filantropía, fue declarado ilícito por una autoridad judicial, ya que solo sirvió como el medio para despojar a la Fundación Jenkins de sus bienes y lograr que la familia se apropiara de ellos.
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Manifestó que Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto, Juan Carlos, Margarita y María Elodia, todos de apellidos Jenkins de Landa, así como Virgilio Rincón Salas, Carlos Román Hernández y Alejandro González Muñoz, cuentan con órdenes de aprehensión por fraude y por lavado de dinero, libradas tanto por jueces locales como federales.
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