La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya atrajo el caso del crimen del joven José Eduardo Ravelo Echavarría ocurrido en Mérida, y desde hoy cuenta con el expediente que se abrió en Yucatán en la que se investiga a la Policía Municipal de Mérida y a la Secretaría de Salud estatal (SSY).
Así lo confirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), que explicó que el pasado 18 de agosto recibió un acuerdo de parte del organismo nacional en el que dio a conocer que ejercita su facultad de atracción, por lo que solicitó que se le envíe toda la información que se había recabado en las últimas semanas.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la Codhey, Gustavo Arjona Canto, señaló que la CNDH atrae los casos que cobran una relevancia social o política, o porque se trata de una grave vulneración de derechos humanos. Por tal razón, en su momento, emitiría Recomendaciones a las autoridades yucatecas involucradas.
Dijo que en el expediente enviaron documentación en original sobre las diversas diligencias que se realizaron en la Policía Municipal de Mérida, corporación que supuestamente torturó y violó a José Eduardo, así como en la Secretaría de Salud, ya que en el Hospital O´Horán le dieron malos tratos y el personal médico cuestionó su orientación sexual.
De igual forma entregó informes solicitados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía de Yucatán. De hecho se espera que la CNDH cuente con los videos que obran en la carpeta de investigación que se presentaron ante el juez de control encargado del caso.
Arjona Canto recordó que la mamá de José Eduardo, la señora Dora María Ravelo Echavarría, inició su procedimiento de queja ante la Codhey el 30 de julio, y que posteriormente en el área de Visitaduría se calificó que el joven sufrió violaciones a derechos humanos, tortura, vulneración al derecho a la vida, detención arbitraria, entre otras.
Como parte del expediente que ya tiene la CNDH, se incluyeron entrevistas realizadas a personas en el lugar en donde se llevó a cabo la detención –en el barrio de San Juan-, así como informes de la Policía de Mérida y testimonios de los elementos involucrados.
“Ahora le va tocar a la CNDH conocer y valorar si se acredita que se cometieron violaciones a derechos humanos. Nosotros ya no podemos pedir informes a las autoridades, a menos que dicho organismo nos pidan ayuda para las diligencias”, agregó el secretario.
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