Autoridades ambientales reportan la operación de embarcaciones sin permisos dentro del Parque Nacional Costa Occidental, práctica que persiste pese a la temporada baja y representa un riesgo para los ecosistemas marinos.
Por Alejandro García > Quequi
Cancún. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), mantiene bajo vigilancia el incremento de embarcaciones que operan sin permisos dentro del Parque Nacional Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, una práctica que, aunque disminuye en temporada baja, continúa representando un desafío para las autoridades ambientales, indicó Arturo González, director del área natural protegida y del Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté.
El funcionario confirmó que el llamado pirataje náutico persiste principalmente a través de yates particulares- incluidos algunos de origen extranjero- que ofrecen servicios turísticos mediante plataformas digitales de renta, similares a esquemas tipo Airbnb; estas embarcaciones, dijo, operan sin autorización y evaden la regulación ambiental y marítima vigente, lo que dificulta su control y sanción.
Explicó que aunque actualmente el flujo turístico en la zona ha caído hasta 80% debido a la temporada baja y a las condiciones climáticas adversas -incluidos cierres de puerto y mala visibilidad para actividades como snorkel-, la presencia de embarcaciones irregulares continúa siendo significativa.
Tan solo en la franja de Costa Occidental, el personal de la Conanp identifica diariamente entre 30 y 40 yates que operan sin permisos, los cuales son denunciados y retirados del área protegida conforme a los protocolos establecidos.
El funcionario detalló que el uso de aplicaciones y redes sociales ha facilitado la oferta de estos servicios ilegales, lo que complica la detección en flagrancia y la regulación de una actividad que representa competencia desleal para los prestadores autorizados y un riesgo para los ecosistemas marinos.
La Conanp canaliza cada caso a Capitanía de Puerto, Profepa y otras autoridades competentes, que son las encargadas de iniciar los procedimientos administrativos y determinar sanciones.
Aunque González evitó precisar cuántos yates han sido judicializados, confirmó que sí existen sanciones aplicadas a distintos tipos de embarcaciones denunciadas. De acuerdo con información oficial, las multas por operar sin permisos dentro de áreas naturales protegidas pueden superar los 100 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y del daño potencial al ecosistema.
