Además de que la FGR tiene abierta una indagatoria contra el delegado priista, Francisco Cienfuegos Martínez, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indaga al político desde 2019, por una supuesta discrepancia fiscal en inmuebles.
Esto se suma a la indagatoria que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en contra del delegado priista en Coahuila y contra al menos 43 empresas y una veintena de socios ligados con el exdiputado de Nuevo León.
Se trata de empresas creadas en materia de seguridad, custodia, transporte además de alquiler de oficinas y locales, así como de limpieza, de las cuales participan socios y familiares como su esposa Lucía Todd, y hasta hoy se encuentran en proceso de fiscalización debido a supuestas operaciones simuladas, es decir, empresas fantasma.
Documentos indican que en las empresas creadas por Cienfuegos Martínez participan además familiares y ex empleados del diputado, además que están registradas en domicilios fiscales en diversos estados del país, como Nuevo León, la Ciudad de México, Yucatán, Veracruz, Tamaulipas, entre otros.
De acuerdo con los documentos, el delegado priista declaró haber acumulado en los últimos cuatro años al menos 33.5 millones de pesos como empleado de la empresa, de la cual aparece al mismo tiempo como socio y empleado, lo que encendió los focos rojos de la autoridad fiscalizadora, que detectó un supuesto desfase entre el monto registrado a través de pagos y salarios por nómina y el monto registrado en timbrado de nómina, una certificación fiscal otorgada por el SAT.
En la víspera, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) solicitó el envío de datos sobre el ex legislador local, así como de Héctor Armando Martínez Martínez, Alejandro Martínez Martínez y Elisa Martínez Martínez, para conocer si han cometido delitos en la materia en el estado de Nuevo León.
