Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México iniciarán una campaña informativa en las calles y en redes sociales para informar a la ciudadanía y repartidores en qué consiste el cobro que a partir de 2022 se hará a las plataformas digitales por sus servicios de traslado de productos alimenticios y otros (Rappi, UBER Eats o Diddi Food).
Al mismo tiempo que se dan los acercamientos de éstas empresas con las Secretaría de Administración y Finanzas y del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del órgano legislativo, Valentina Batres Guadarrama, detalló que de esta forma combatirán la campaña de desinformación que ha iniciado el PAN, confundiendo a la ciudadanía.
“Vamos a informar a la ciudadanía que las apps de reparto contribuirán con el 2 por ciento de la comisión que cobran antes del costo de envío para mejorar calles y vialidades, para mejorar las condiciones de las y los repartidores”, afirmó.
Batres Guadarrama recalcó que el cobro de intermediación estará prohibido trasladarlo tanto a los consumidores como a los repartidores y estarán atentos a cualquier intento para acompañar la denuncia correspondiente.
Señaló el engaño que se está generando desde el Partido Acción Nacional, que está invitando a trabajadores a ampararse contra la nueva disposición; los únicos que podrían ampararse son las aplicaciones ya que hacia ellos está dirigido al cobro, precisó.
Los legisladores adelantaron que también se va a presentar a nombre del Grupo Parlamentario una iniciativa para defender los derechos laborales de los repartidores, misma que prepara la diputada Marcela Fuente, quien ha trabajado de la mano con estos trabajadores.
El diputado Fernando Mercado Guaida criticó el carácter leonino de estas aplicaciones que no pagan ningún tipo de impuesto por los mismos servicios que ofrecen otros negocios establecidos y que sí están reglamentados.
El diputado Carlos Hernández Mirón, presidente de la Comisión de Hacienda, aclaró que no se trata de un impuesto, como lo han querido hacer ver, sino de la figura del cobro por aprovechamiento de la infraestructura urbana de la ciudad.
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