Los empresarios del Estado de México pidieron al Congreso local descartar el aumento o creación de nuevos impuestos para el Ejercicio Fiscal 2023, debido a que esto podría ocasionar el cierre de negocios en la entidad, ante la crisis económica derivada por la pandemia.
Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Edomex (CCEM), señaló que como parte de la agenda legislativa del siguiente periodo, que inicia el próximo 5 de septiembre, los diputados deben analizar no aumentar gravámenes, que sólo generarán afectación directa al consumo doméstico e incertidumbre.
Destacó que el año pasado, a pesar de las afectaciones por la contingencia sanitaria, la legislación aprobó dos nuevos gravámenes en la entidad: el ecológico y casas de empeño.
“Pedimos que no sólo eviten una mayor carga fiscal, también que revisen a profundidad los impuestos estatales existentes”, dijo la empresaria.
En tanto, Javier Eli Domínguez, presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Colegio de Abogados del Edomex, comentó que los empresarios mexiquenses no están en condiciones de poder soportar nuevos impuestos, por la difícil condición económica que enfrentan.
“Este año y el que viene son muy críticos para los negocios, no hay todavía recuperación. Pensar en la imposición de nuevos gravámenes podría ser muy dañino y causar problemas irreparables para las unidades económicas, que no podrían volver a operar”, sostuvo.
Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Edomex (CCEM), señaló que como parte de la agenda legislativa del siguiente periodo, que inicia el próximo 5 de septiembre, los diputados deben analizar no aumentar gravámenes, que sólo generarán afectación directa al consumo doméstico e incertidumbre.
Indicó que incluir nuevos impuestos en el Paquete Fiscal del próximo año implica más recaudación para el estado, pero existen otros gravámenes que pueden cobrarse adecuadamente, a través de invitaciones y exhortos a los contribuyentes.
Los empresarios también solicitaron a los legisladores una revisión integral de la actual normatividad de verificaciones e inspecciones a las organizaciones, porque el exceso de sanciones afecta mucho, principalmente a los pequeños y medianos empresarios.
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