Al abundar sobre las investigaciones en torno al crimen del joven José Eduardo Ravelo Echavarría, el Fiscal General de Yucatán, Juan Manuel León León, declaró que la Policía Municipal de Mérida se negó en tres ocasiones a entregar videograbaciones de sus cámaras de vigilancia, materiales que pudieran contener los momentos en los que sus elementos lo habrían agredido física y sexualmente.
En rueda de prensa, el funcionario externó su inconformidad por la determinación del juez Antonio Bonilla Castañeda de no vincular a proceso a cuatro policías municipales que estarían involucrados en los delitos, por lo que recordó que recurrirán a la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.
Al exponer paso por paso la línea de investigación sobre este caso, el Fiscal señaló que el 30 de julio –es decir, seis días después de que José Eduardo denunció que fue torturado y violado-, el Ministerio Público solicitó a la Policía Municipal las videograbaciones del lugar de la detención y de todas las cámaras de sus instalaciones, para saber qué ocurrió el día 21.
Fue hasta el 3 de agosto que la corporación respondió que las cámaras en la cárcel pública no tienen archivos de ese día del arresto porque la grabación es en bucle, es decir, se actualiza cada siete días por lo que los videos se habrían borrado.
Sin embargo, León León declaró que la Policía Estatal de Investigación (PEI) rindió un informe policial en el que sí ingresó a la carpeta de investigación parte de las videograbaciones de las instalaciones y de la cárcel pública municipal, en las cuales se observa cómo José Eduardo, en su calidad de detenido, ingresó a dicho lugar a bordo de una unidad oficial. También se ve parte de lo que sucedió durante su ingreso, estancia y salida.
Tras esta situación, de acuerdo con el Fiscal, solicitaron en dos ocasiones más a la Policía Municipal que entregara el material, pero de nueva cuenta respondió que las grabaciones son en bucle y que ya no contaban con éstas.
De igual forma, León León recalcó que no hay elementos para considerar que agentes de otra corporación habrían cometido el crimen. Agregó que si bien en su declaración antes de morir el joven hizo referencia a datos sobre la vestimenta de los policías que no coinciden con la de los Municipales, esto pudieran resultar de su apreciación equivocada por el estado de intoxicación en el que se encontraba.
El Fiscal de igual forma sostuvo que como parte de las investigaciones entrevistaron a una persona llamada Pedro G., quien estuvo en la cárcel municipal el día de los hechos bajo detención administrativa, quien relató que al pasar por la puerta de ingreso observó a José Eduardo boca abajo, esposado y vestido con una playera roja sin mangas y un pantalón de mezclilla. Añadió que escuchó sus gritos y vio cuando un policía le puso la rodilla sobre el cuerpo, que posteriormente lo llevaron arrastrado a una celda y que aparentemente estaba desmayado.
“Vio cómo fue bajado de la camioneta, la forma en que fue tirado al piso, y la forma en que fue tratado por esa corporación. También la forma en que llegó vestido y que cuando vimos a José Eduardo en la celda (en el video) únicamente contaba con su bóxer”, abundó León León, quien insistió que apelarán la decisión del juez que liberó a los uniformados.
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