A tres años de la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la localidad de San Primitivo, en los límites entre Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, Hidalgo, familiares de los 137 fallecidos piden a los tres niveles de gobierno no olvidarse de los municipios que prometieron reconstruir tras la tragedia, y cumplir con los compromisos que asumieron, principalmente con los adultos mayores que eran dependientes económicos, y con 179 huérfanos.
Mientras ellos demandan oportunidades de empleo, de recuperación económica para las familias y de estudio para los menores, el huachicol avanza en la región, en una pugna de grupos por el control de los ductos que ha detonado en violencia.
En 2021, Hidalgo registró cuatro mil 555 tomas clandestinas para extraer hidrocarburos, récord nacional que lo mantiene, al igual que desde 2018, como el estado más ordeñado en el país.
La lucha por el control de los ductos entre organizaciones, incluidos cárteles, se mantiene tras la explosión de Tlahuelilpan, en un estado en el que también se abrieron dos mil 111 tomas clandestinas en 2018, cuatro mil 29 en 2019 y 4 mil 994 en 2020.
Inteligencia federal identifica la entidad como un territorio en pugna entre grupos regionales y cárteles de la droga, entre éstos Jalisco Nueva Generación, Los Zetas Vieja Escuela, Los Hades, La Familia Michoacana, Los Americanos, Pueblos Unidos —cuyo líder, José Artemio Maldonado Mejía, El Michoacano, se fugó de la cárcel de Tula la madrugada del primero de diciembre en un operativo que incluyó la detonación de tres coches bomba—, Los Rex y Los Germanos.
Todos destacan por su violencia, reflejada en los cuerpos y fragmentos de éstos que han dejado por la región del Valle del Mezquital.
Tlahuelipan continúa como uno de los principales municipios en el tablero de la extracción y tráfico de hidrocarburos.
En la periferia de San Primitivo, sitio de la tragedia, y en el Cerro de la Cruz, se abren válvulas del ducto Tuxpan-Tula, controlados por grupos de huachicoleros enfrentados por el territorio, según el citado informe, al que tuvo acceso El Heraldo de México.
Mientras tanto, las familias de las víctimas de la explosión acusan abandono gubernamental, a tres años del siniestro.
El hijo de Rosalina Reyes Torres sufrió quemaduras en 90 por ciento de su cuerpo, pero reclama que no ha recibido apoyo para renovar la Visa que le permita ingresar a Estados Unidos, donde debe continuar con sus cirugías para la reconstrucción.
El 18 de enero de 2019, su hijo tenía 14 años y acudió a la zona “por curiosidad”.
Cuando la toma explotó, la lumbre lo alcanzó hasta dejarlo en riesgo mortal.
La fundación Michou y Mau apoyó su trasladado a Galveston, pero desde que su Visa venció no ha podido regresar a continuar con su tratamiento, del que, de acuerdo con su madre, ya perdió seis cirugías.
Lucía Hernández, cuyo hermano, Gonzalo, falleció en la explosión, y ahora habla en nombre de 80 familiares de víctimas, dice que los apoyos, que no llegaron a todos, han sido retirados, específicamente las becas a menores y los que correspondían a los adultos mayores y madres solteras.
Su exigencia es que las autoridades cumplan con lo que prometieron para el rescate de Tlahuelilpan y sus alrededores, tras el denominado “viernes negro”.
En el primer aniversario luctuoso, los tres órdenes de gobierno prometieron construir un Memorial Víctimas en el sitio de la conflagración, cuyo predio sería adquirido y donado por el gobierno federal.
Las familias, que piden no un Memorial, sino una Casa de Oración, desconocen el estatus del terreno.
Las cruces colocadas ahí están tiradas, rota la principal, mientras que altares están también en abandono.
La primera piedra del que sería el Memorial ya no se encuentra, como tampoco la mampara con los nombres de las víctimas, colocada también en el marco del primer aniversario.
PAL
