Especialistas y organismos analizan retos del crecimiento urbano y fortalecen mecanismos de mediación y gestión hídrica en Quintana Roo.
Por Alejandro García > Quequi
Cancún. La gestión sostenible del agua, la certeza jurídica en la prestación de servicios públicos y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias fueron los ejes de la reunión institucional sostenida entre el Colegio de Abogados “Manuel Crescencio Rejón”, presidido por Angélica Amaro Hernández, y representantes de organismos estratégicos, en un encuentro orientado a analizar los desafíos que enfrenta Quintana Roo ante su acelerado crecimiento demográfico y urbano.
Durante la sesión, Érika Ramírez Méndez, directora de la Conagua en Quintana Roo, delineó los principales retos en la administración del recurso hídrico. Subrayó la urgencia de fortalecer la protección de los acuíferos, garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, regular adecuadamente las concesiones de aguas nacionales y asegurar la calidad del agua ante el incremento de descargas. También detalló los requisitos para la autorización de pozos en el estado y llamó a consolidar una cultura de uso sustentable del recurso, indispensable para el desarrollo presente y futuro de la entidad.
En su intervención, Anakaren Calixto Espinosa de los Monteros, directora jurídica de Aguakan, destacó la relevancia que adquiere la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en un territorio con crecimiento poblacional acelerado.
Enfatizó la necesidad de brindar certeza jurídica a los usuarios, robustecer los mecanismos de atención y prevención de controversias y avanzar hacia esquemas de colaboración que mejoren la calidad de los servicios y fortalezcan la relación entre instituciones y ciudadanía.
Mariana Dávila Goerner, titular del Centro de Arbitraje y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado, resaltó el papel de la mediación, la conciliación y el arbitraje como herramientas ágiles, especializadas y de menor costo para resolver conflictos y señaló que estos instrumentos favorecen la construcción de acuerdos entre ciudadanos, empresas e instituciones, contribuyendo a una auténtica cultura de paz.
Como parte de la agenda, las instituciones analizaron la pertinencia de impulsar programas conjuntos en materia de derecho hídrico, derecho ambiental, prestación de servicios públicos, mecanismos alternativos de solución de controversias y cultura de la legalidad; también se planteó la organización de conferencias, mesas técnicas y foros especializados dirigidos a abogados, servidores públicos, empresarios y desarrolladores, con el fin de difundir el marco jurídico aplicable a las concesiones de agua, las autorizaciones en materia hídrica y la prevención de conflictos, privilegiando el diálogo y la mediación sobre la judicialización.
