Durante lo que va del año, se han incrementado hasta en un 900 por ciento las denuncias contra organismos descentralizados en Nuevo León, según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
De acuerdo al reporte mensual de indicadores de la Comisión, al menos 10 organismos públicos descentralizados aumentaron sus expedientes de quejas; de los que más incrementaron destaca el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTELEON), que pasó de 1 expediente al año a 10 durante los 9 meses de este año. Esto es un crecimiento del 900 por ciento.
En un 800 por ciento de crecimiento se encuentra Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que pasó de 4 expedientes a 36 en lo que va del año.
Por otro lado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tuvo un incremento del 500 por ciento de quejas, al pasar de 5 a 30 expedientes. Y en un 300 por ciento crecieron las quejas contra el Instituto del Control Vehicular, que pasó de 1 queja el año pasado a 4 en este año.
El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte pasó de 0 a 3, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
También se dio información sobre el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León registró un 255 por ciento de más quejas, pasando de 9 a 32; el Hospital Universitario pasó de 5 a 15, o un crecimiento de 200 por ciento.
Finalmente, el organismo que registró un incremento de 100 por ciento fue el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, que registró un aumento de 2 a 4 expedientes, mientras la Universidad Autónoma de Nuevo León pasó de 4 a 6 expedientes.
Y el Instituto de Movilidad tuvo un 16 por ciento de más quejas, al pasar de 12 a 14.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado explicó que entre las principales violaciones por los organismos públicos descentralizados, en la mayoría de los casos, se encontraron la obstaculización u omisión de observar la ley o normatividad aplicable.
También los cobros excesivos o injustificados, la omisión o retardo de la autoridad gubernamental para informar oportunamente y la omisión u obstaculización de tomar medidas que ayuden a prevenir la contaminación ambiental.
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