Polémica y costosa, la Consulta Ciudadana sobre el Pacto Fiscal en Jalisco —que impulsa el gobernador Enrique Alfaro— genera más incertidumbre y dudas que certezas, aseguran actores políticos, académicos y especialistas, que consideran que no es ciento por ciento ciudadana, al involucrar a la administración estatal mediante una dependencia que rige un ejercicio que se queda, hasta ahora, corto para ser vinculante.
Organizada con urnas electrónicas aportadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCJ), pero sin ser el órgano responsable de la veracidad de los resultados, el costo de este ejercicio, que busca dar argumentos para replantear una nueva Ley de Coordinación Fiscal, es de 29 millones de pesos.
El líder de Morena en el Congreso local, José María Martínez, consideró que no se justifica, pues, “es predecible” que no será vinculante. “Hay que estar muy atentos para que la participación sea resultado de la voluntad libre”, dijo.
El ejercicio ciudadano, que se lleva a cabo los fines de semana, comenzó el 27 de noviembre y concluirá el próximo 19 de diciembre. Al corte con 98.3 por ciento de urnas capturadas, contabilizaba 277 mil 459 opiniones, de las cuales 33 mil 749 son menores de siete a 17 años.
La cantidad de mayores de edad que han participado, 243 mil 701, representa 3.9 por ciento de la Lista Nominal de Jalisco, que es de 6.2 millones de ciudadanos. Para que el ejercicio sea vinculante, se requiere 33 por ciento, es decir, poco más de dos millones de opiniones.
La consulta ha sido cuestionada, más allá de políticos de oposición, por académicos, expertos en gobernanza e incluso por el propio presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
En contraste con consultas de revocación de mandato u otras federales, en Jalisco, el IEPCJ “es solamente un órgano instrumental, no es el responsable del ejercicio. Llama la atención que haya un Comité de Participación Ciudadana, lo cual es encomiable, pero llama la atención que el comité esté encabezado por una instancia gubernamental. Llama la atención que no haya reglas sobre la posibilidad o no de propaganda gubernamental”, dijo Córdova.
La bandera de Alfaro es la defensa del Federalismo y de manera constante se remite a hechos históricos ocurridos en Jalisco, con lo que dio pie para crear un Consejo Estatal de Participación Ciudadana.
La titular del organismo, María del Rocío Delgado, fue designada por la administración estatal, y cuyo fin ha sido dar a conocer los resultados del cómputo de cada fin de semana, aunque con tropiezos y una constante actualización de datos conforme se avanza con el registro digital.
Por si las dudas y tropiezos de este ejercicio no bastaran, la legisladora local de Movimiento Ciudadano del Distrito 4, Alejandra Giandans Valenzuela, presumió en sus redes sociales que había emitido su opinión, pero en ambos fines de semana, lo cual la obligó a aclarar que su voto lo ejerció el 28 de noviembre y que la foto publicada el pasado fin de semana fue para difundir la consulta y que la produjo su equipo de comunicación.
Sin embargo, el regidor de Futuro en Zapopan, Pedro Kumamoto, pidió al IEPCJ que investigue la duplicidad de votos. Señaló que tiene denuncias de otros municipios en los que se condicionan programas o apoyos de gobierno, con cuotas de votación, y lamentó que en lugar de que se utilice este ejercicio como una auténtica herramienta de participación ciudadana, se promocione la imagen del mandatario estatal.
El ejercicio ha valido para “competir” con otras consultas populares, como la llevada a cabo el 1 de agosto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los ex presidentes. Dicha consulta alcanzó 250 mil 608 votos, del total de la Lista Nominal del estado.
De inicio, los jaliscienses han referido que no les queda claro si opinan por la permanencia en la entidad en ese “pacto”, cuya distribución de recursos, de acuerdo con Alfaro, es insuficiente para atender necesidades de infraestructura y rehabilitación en escuelas, carreteras y hospitales, entre otras obras.
También se sumó a la polémica la votación de menores de edad, a quienes se les permite e invita a participar, como una medida de educación en la toma de decisiones y de participación social, con dos preguntas formuladas desde el IEPCJ y que por su complejidad, se presumía que poco entenderían al respecto de lo que se opinaba.
Más tarde, se aclaró que solamente validarían votos de mayores de 18 años con credencial de elector para que el ejercicio tuviera la validez que permita enviar la iniciativa al Congreso local y que se modifiquen o adicionen los artículos para evaluar la pertinencia de este acuerdo.
Además, de forma anónima, se ha denunciado la coacción a funcionarios de distintos niveles para acudir a emitir su voto e incluso llevar más personas a las urnas, y que deben ser al menos 20, aseguran.
Aún restan un par de fines de semana, y sin embargo la meta de hacer que este ejercicio sea validado por los ciudadanos está lejana. Aunque públicamente no se han pronunciado otras entidades, Enrique Alfaro ha declarado que al menos en Nuevo León y Guanajuato pueden hacer ejercicios similares para tomar opinión de sus ciudadanos.
CAR
