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En los últimos 70 años los derechos humanos han definido el trabajo público, en donde se reconoce la igualdad entre las personas y cada país, de acuerdo a sus posibilidades, va protegiendo y garantizando los derechos fundamentales de su población
En México, con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, cambió el paradigma de entender y aplicar el derecho, pues no sólo se rompió la falsa creencia de que la Constitución General era el instrumento cúspide del derecho nacional sino que también se reconoció que no es el único instrumento legal que contiene derechos humanos; abrió la puerta al reconocimiento de los tratados internacionales como parte de nuestro orden jurídico; pero sobre todo, impulsó la presencia de México en el ojo público de los problemas sociales y de violencia estructural, durante los últimos dos sexenios. La violencia que ha cimbrado al país hasta la médula se propagó de forma virulenta a todos los rincones del territorio nacional y ha cuestionado la legitimidad de varias instituciones gubernamentales. Si bien es un hecho que existen altos índices de violación de derechos humanos en México, es también una realidad que mucho de lo trazado en materia de justicia restaurativa, victimología y reconocimientos de grupos de atención prioritaria se ha promovido desde una agenda con medidas progresistas y objetivos basados en la resiliencia. Y mucha de esa agenda se promovió en la CDMX.
La capital se ha consolidado como un referente de la agenda progresista del país, lo anterior se ve reflejado en materia de protección a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, matrimonio igualitario, interrupción legal del embarazo, el reconocimiento de la identidad de género, e incluso la propia transición a entidad federativa y la creación de la Constitución local, que a grandes luces amplió el espectro de los derechos humanos. Estos alcances son resultado de la pérdida de vidas humanas, de luchas constantes en las calles, de cierres viales con protestas interminables, de consignas que erizan la piel; pero también suma de voluntades, empatía con la otredad, reconocimiento de la diversidad y victoria para las mayorías. No se puede hablar de derechos humanos sin reconocer que han sido violados y ha sido a través de procesos de transformación que la realidad cambia.
No se puede hablar de una ciudad en la que los derechos humanos son prioridad sin definir el marco que los regula. Una ciudad progresista es ejemplo de una lucha permanente y de que sólo a través del respeto a derechos humanos, alcanzará un piso firme para continuar fortaleciendo su democracia.
Una ciudad progresista se construye con su ciudadanía y se mantiene con autoridades honestas, respetuosas de la realidad social y con miras firmes por acabar con la desigualdad. Una ciudad progresista será permanentemente una ciudad de innovación.
POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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