El Gobierno de Sonora enviarán formalmente una iniciativa al Congreso Local para modificar el decreto número 40, que se publicó el pasado 6 de junio, donde se reformó el artículo 167 del Código Penal de Sonora para condenar con de cuatro a 10 años de cárcel, a quien publique o difunda imágenes, vídeos o información de cadáveres o parte de ellos, para que quede claro en el texto que no se afectará a la libertad de expresión ni a la labor de los colectivos de búsqueda.
En su conferencia de prensa semanal, Alfonso Durazo Montaño, aclaró que el objetivo de esta reforma, propuesta por la diputada Alicia Gaytán, era armonizar la Ley de Sonora con la “Ley Ingrid”, aprobada a nivel nacional, para evitar revictimizar a las personas que perdieron la vida, sin embargo, va dirigida a los funcionarios públicos y agentes ministeriales, no a personas en general.
Sin embargo, precisó que para que no existan malas interpretaciones ni dar pie a qué alguien quiera utilizarla para limitar el ejercicio periodístico y de la libertad de expresión, se enviará pronto esta nueva reforma al código penal para que cumpla todos los requisitos legislativos y quede en claro el objetivo de la Ley Ingrid.
Por su parte, el titular de la Consejería Jurídica del Estado, Alfonso Salazar Razo, aclaró que el decreto publicado marca textualmente que esta pena es para todo aquello que no está dentro del marco legal, donde ya hay artículos constitucionales que protegen la Libertad de expresión y de prensa, así como las labores que realizan los colectivos de búsqueda, dentro de la Ley que crea la comisión estatal de búsqueda de Personas desaparecidas.
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Sin embargo, aclaró que se entiende la preocupación demostrada públicamente por los colectivos de búsqueda y por organizaciones nacionales se protegen la libertad de expresión y por eso la intención es enviar una propuesta de ley al Congreso de Sonora donde vengan precisiones y puntualizaciones necesarias para que no quede duda que la idea de armonizar la Ley Ingrid, es para proteger a las víctimas no coartar la libertad de expresión.
Seis ya tienen agua y no es obligatorio el uso de cubrebocas
En otro tema, el Gobernador Alfonso Durazo informó que siguen avanzando con la aplicación del Plan de Justicia para el Pueblo Seri, donde ya se logró dotar de agua potable a las dos comunidades de Punta Chueca y el Desemboque, lo cual era una de sus principales necesidades.
Detalló que ya se instalaron mil 465 metros de tubería y biodigestores, instalación de tomas domiciliarias, rehabilitación de baños del Centro Ceremonial y se puso en operación dos plantas desaladoras de agua de mar, aunque dijo siguen en exploraciones, puesto que hay una demanda de conseguir una fuente de abastecimiento de agua dulce, que al momento no se ha localizado.
También Confirmó que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la derogación de la Ley que obligaba el uso de cubrebocas y demás medidas preventivas del Covid-19, por lo cual ya no será necesario utilizar este artefacto en espacios públicos o privados, pero dijo aún la Secretaría de Salud puede emitir recomendaciones extraordinarias en caso de repunte de casos en Sonora.
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DRV
