Incluir a los miembros de los pueblos originarios en la creación de la política pública es vital para reivindicar sus derechos humanos, y no excluirlos, o intentar generar modelos exclusivos de atención, como ha sucedido hasta ahora, que sólo son acciones paliativas, mas no de fondo, para resolver sus necesidades, sostuvo Efraín Jiménez, titular de la Coordinación de Programas de Incidencia Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Explicó que en Jalisco, cuyo gobierno encabeza Enrique Alfaro, estos programas se centran en resolver un problema que se ha desbordado, o lo que sucede día a día, y fomentan una tendencia paternalista que no resuelve el fondo, en áreas como alimentación a corto plazo, salud inmediata, o educación en la pandemia.
Pero en el caso de la defensa de los derechos, Jiménez consideró que debe ser un trabajo en colaboración con los pueblos indígenas, desde su diseño hasta la puesta en marcha de la política pública.
De acuerdo con la Comisión Estatal Indígena, la población de pueblos originarios se calcula en 14 mil 300 personas, distribuidas en Mezquitic, Bolaños y Huejuquilla El Alto. Pero, “no solamente están asentados en la zona norte de Jalisco, sino que también en la zona metropolitana, como en Zapopan y Tonalá”, indicó.
Además, en el contexto actual, la inseguridad y el narcotráfico convierte en inhabitables sus espacios, complica el tránsito por sus territorios y fomenta la migración, precisó.
Algunos hechos de los últimos seis meses incluyen secuestros o asesinatos, como los ocurridos en septiembre de 2021, cuando seis indígenas wixárikas fueron secuestrados en los límites con Zacatecas y fueron localizados asesinados.
También es histórico el rezago en salud, educación o infraestructura de caminos. Aclaró que no sólo se trata de conocer las necesidades sino de escuchar las propuesta.
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