Un adeudo de 12 millones de pesos tiene en riesgo el traslado de la Secretaría de Salud federal (SSA) a Acapulco, Guerrero. Se trata de una supuesta deuda histórica de 50 millones de pesos que tiene el estado desde hace 10 años con trabajadores que construyeron el inmueble que fue donado como sede de la SSA a la Federación.
A pesar de que en la construcción del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC) el gobierno estatal no contrató de manera directa a empresas locales, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (AMOTAC) y la Confederación Obrera Revolucionario (COR) aseguran que son 310 los trabajadores a los que todavía se les deben sus salarios.
“Son trabajadores que instalaron el cableado, movieron y trasladaron materiales, personal de mantenimiento, entre otros”, detalló en entrevista con El Heraldo de México, Agustín González, líder de AMOTAC.
RECHAZAN ADEUDO
Consultado al respecto, Zeferino Torreblanca Galindo, ex gobernador del estado que inició la obra del CEDAC, negó que su gobierno haya dejado algún tipo de adeudo.
“Nosotros no contratamos empresas locales, lo sometimos a concurso y a quienes ganaron el proyecto que fueron CIMESA (Cimentaciones Mexicanas SA de CV) y Grupo INDI tampoco se les adeuda, e incluso se dejó un fideicomiso para asegurar los pagos”, dijo.
El documento del fideicomiso en poder de este diario indica que la administración del gobierno estatal que no concluyó la obra ascendía a 211 millones 951 mil dos pesos para continuar y liquidar los trabajos.
Pero este fue cancelado por el ex gobernador entrante Ángel Aguirre Rivero, “y no se supo qué hizo con los millones”, indicó Torreblanca.
SIGUE AMAGO
El líder transportista advirtió que a pesar del acuerdo firmado el 13 de enero con el gobierno de Evelyn Salgado, de no cubrir la deuda, tomarán las instalaciones del edificio inteligente, donde actualmente están el centro de video vigilancia C5, las oficinas operativas del Acabús y donde hace unos meses empezó la remodelación para que la SSA y el Insabi operen.
González expuso que la “batalla legal viene desde varias administraciones atrás”, y fue hasta 2021 que lograron ampararse a nivel federal, y que la Junta de Conciliación y Arbitraje local admitió su recurso legal.
Sin embargo, a pesar de que aseguran tener un contrato firmado con el estado, sin detallar con cuál dependencia, por trabajos diversos en la nueva sede de la SSA, no mostraron pruebas y, “por seguridad”, se reservaron el nuevo convenio firmado con Ludwing Marcial Reynoso Núñez, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno de la administración actual.
El acuerdo con el gobierno de Salgado establece que “la deuda bajó a 12 millones de pesos -de 50 que se debían- y se va a liquidar a un año, pero sí de aquí a marzo no está, se emplazará a huelga permanente”.
El llamado edificio inteligente fue entregado en comodato a la SSA para iniciar la descentralización que prometió Andrés Manuel López Obrador y que debió operar desde 2021, pero cuatro mil 600 empleados se niegan a reubicarse. Caso contrario es el del Insabi, que en los últimos tres meses contrató a 900 empleados del sector salud, pero sólo para operar en regiones apartadas del estado.
POR ALFONSO JUÁREZ Y KARLA BENÍTEZ
MAAZ
