Empresarios del Estado de México urgieron a la legislatura local a derogar, antes del primero de abril próximo, la Ley de Competitividad, que representa una “catástrofe reglamentaria”, ya que deja en un estado de desprotección a 80 mil unidades económicas, así como el riesgo de perder 500 mil empleos directos en la entidad.
El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Edomex (Concaem) Gilberto Sauza Martínez explicó que la legislación, modificada en 2020, establece que las empresas dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, rastros, refaccionarias, tiendas departamentales y de autoservicio, deben contar con un dictamen de giro, para poder obtener su licencia de funcionamiento, el cual, deberá ser emitido por los gobiernos municipales.
Sin embargo, la reforma que empezó a aplicarse en enero del 2021 en el Edomex, no contempló que los municipios no tienen facultades jurídicas para autorizar a los establecimientos en materia sanitaria, por lo cual, los dictámenes de giro que pudieran aprobarse son inválidos ante una revisión de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Edomex (Coprisem) o de una autoridad en materia salud, explicó.
“Esto implica, que no solo los nuevos proyectos que decidan abrirse en la entidad, sino las 70 mil unidades económicas del sector restaurantero y bares, además de las 10 mil unidades económicas que concentran rastros, tiendas de autoservicios y departamentales, refaccionarias en la entidad a partir del mes de abril se encontrarán en total limbo jurídico”.
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El dirigente empresarial señaló que el primero de abril vence el plazo para renovar las licencias de funcionamiento otorgadas en 2021 por parte de los municipios.
“Todas las unidades económicas que obtuvieron una licencia de funcionamiento de estos sectores están en total indefensión y ante cualquier verificación en materia de salud, podrán ser suspendidas en su actividad, tenemos un mes para que esto se corrija”, señaló Sauza Martínez.
El presidente de Concaem señaló que los municipios no están la capacidad de resolver el problema, ya que no tienen las atribuciones sanitarias para otorgar los dictámenes de giro; que cumpla con los requisitos que pide la Coprisem.
Dijo que se las empresas del Edomex se encuentran en un círculo vicioso, que no terminará hasta que se derogue la ley actual o se modifique.
En tanto Jesús Trigo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) del Edomex aseguró que podrían cerrar más unidades económicas, de las que cerraron con la pandemia, si no se tiene sensibilidad.
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Destacaron que se tienen 500 dictámenes de giro que se emitieron con la ley actual, los cuales, también son inválidos ante Coprosem.
Gabriel Massud, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) dijo que es necesario que la legislatura extienda el periodo de gracia del primero de abril, hasta que haya certeza jurídica. Los empresarios señalaron que además del vacío jurídico se podrían suscitar temas de corrupción.
“A partir del primero de abril 80 mil unidades económicas estarán fuera de la legalidad, con lo que, la autoridad municipal encontrará facilidades para poder extorsionar. Un inminente caos se puede avecinar para el Edomex”, señaló Sauza Martínez.
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