Académicos, constitucionalistas y expertos, coincidieron en la necesidad de una reforma al sistema de administración y procuración de justicia en México, pero rechazaron la posibilidad de que los ministros, magistrados y jueces sean designados por elección popular.
En la primera sesión del Conversatorio denominado “Soberanía popular. Fortalecimiento de la Democracia Directa para Revisar el Régimen de Designaciones de Cargos en la Suprema Corte”, señalaron que esa propuesta de que sea por votación de la ciudadanía como se escoja a los integrantes del Poder Judicial, hecha oficialmente por el diputado Alejandro Robles es una locura, y en nada ayudaría a mejorar la situación de seguridad que se vive en el país.
Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que hay áreas de oportunidad para cambiar al Poder Judicial y se pronunció por lograr un método de legitimación indirecta, ya que consideró adecuada la designación evaluada que realiza el Senado, pero señaló que, recurrir a la elección pone en riesgo la independencia de los órganos de justicia por la injerencia partidista.
“Las cuestiones prácticas de cómo llevar a cabo una elección directa de ministras y ministros implica retos muy importantes en términos prácticos organizativos, donde podríamos tener los riesgos de injerencia partidista que afectarían la independencia judicial, de los poderes fácticos y económicos, que podrían promover, y tendrían los medios a su alcance para ubicar a ministros en la Suprema Corte de Justicia y además el costo sería altísimo (de un proceso de elección)”, expuso.
Entre las áreas de oportunidad para mejorar el Poder Judicial, señaló que podría haber mayor transparencia en la designación, con el actual proceso de elección y dar a conocer la fundamentación y motivación de las razones que llevó a elegir a una persona, o a rechazar una terna.
Diego Valadés, jurista e investigador emérito de la UNAM, argumentó que la independencia, autonomía, imparcialidad y competencia profesional, son atributos necesarios para los titulares de la Corte. Cuestionó si la elección abierta garantizaría a los electores, la seguridad de que los elegidos, reúnan las características de imparcialidad, independencia, autonomía y competencia profesional.
Indicó que se debe cambiar ya, la forma de elección del Presidente de la Corte y reforma la justicia, pero la propuesta; más aún, con ese mecanismo o con cualquier otro, para la designación, selección o de los ministros, no se resuelve el problema de justicia del país, el problema de justicia del país, es mucho más profundo.
Amador Rodríguez Lozano, comentó que sería una locura que sean los propios partidos los que propongan a los impartidores de justicia por lo que pidió que “No por ser innovadores o demócratas a ultranza vamos a echar a perder la corte constitucional mexicana”.
“Quienes propondrán a los candidatos a ministros. Si son ellos mismos como propone la iniciativa de un diputado será una locura; miles se apuntarán y empezará el manejo de influencias como hasta ahora ha funcionado para otros cargos que tienen más o menos, el mismo procedimiento: corrupción, compadrazgo e influyentismo”, expresó.
Dijo que la participación de partidos políticos distorsionará el procedimiento y abrirá otro campo de batalla para la rivalidad partidaria en el proceso.
Jaime Cárdenas, doctor en derecho por la UNAM, se pronunció a favor de la elección democrática de los ministros, magistrados y consejeros de la Judicatura Federal. Argumentó que en una sociedad democrática todas las autoridades fundamentales y los titulares de los poderes, entre otros deben tener un origen democrático, lo que deriva en el artículo 39 de la Constitución en el principio de soberanía popular.
“El derecho no es una cuestión de especialistas, como muchas personas en mi profesión consideran; no es el tema de la ciencia del derecho. El derecho debe tener un origen profundamente popular y democrático y una finalidad democrática. El tema es que en México y en el mundo, hemos elitizado el derecho y el orden jurídico.
Propuso un método de elección de los ministros en el que en una primera fase se premiará el mérito, en el que todos los interesados en ser integrantes de la Corte, serían convocados para que participaran en un magno concurso reuniendo los requisitos de idoneidad, el cual podría ser organizado por las principales universidades del país, o con un Comité Técnico de Evaluación, quienes escogerían a cinco personas por cada vacante de la corte, que irían a una elección que se realizaría en una jornada electoral federal para diputados o presidente de la república.
Los seleccionados, no podrían hace campaña, ni serían promovidos por partidos políticos, tampoco recibiráin financiamiento público ni privado, y solo tendrían tiempos del estado en radio y televisión para dar a coocer su currículum y su ideologia jurídica con sus razonamientos en torno a temas como el aborto, la eutanasia o cual es el modelo constitucional de nuestro país.
El segundo conversatorio está programado para el 6 de junio, con el título “Marco constitucional y convencional para el ejercicio efectivo de los derechos políticos y de participación ciudadana en los temas de trascendencia nacional y en la dirección de los asuntos públicos”.
Con información de Elia Castillo.
