Más de 30 empresas estarían en su derecho de exigir indemnizaciones millonarias por las implicaciones que tendrá la reforma eléctrica a los contratos firmados desde 2016, lo que genera un impacto presupuestal para el país, advirtió el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP).
De acuerdo con el documento Impacto Presupuestal Reforma Constitucional Energía 2022, elaborado por el centro de estudios en marzo de 2022, alerta de los beneficios, pero también de las afectaciones que tendrá la reforma en caso de que sea aprobada por el Congreso de la Unión.
Se trata de más de 30 empresas de diferentes países entre los que se encuentran: China, Corea del Sur, Estados Unidos, España, Francia, Italia, México, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, por mencionar algunos.
Empresas de estos países y otros tienen 57 proyectos activos desde 2016 y 14 en proceso de ejecución con una inversión de ocho mil 904 millones de dólares y una adición de nueve mil 525 megawatts de capacidad eléctrica en energía limpia.
Aunque el documento no menciona cifras aproximadas de las indemnizaciones que podría pagar el Estado, las cámaras empresariales del país, han alertado que el monto de las multas podría llegar hasta 70 mil millones de dólares, así como impacto presupuestal por la explotación del litio y la transición energética.
“La reforma podría generar externalidades negativas que pudiesen reflejarse como costos de pasivos contingentes, y la interposición con algunos puntos de acuerdos comerciales internacionales. Adicionalmente, podría generarse un impacto potencial que provendría de la inversión en la exploración y explotación del litio, así como un ingreso adicional por la distribución y comercialización del mismo… se prevé un impacto presupuestal proveniente de la transición energética, el cual dependerá de las políticas que se decidan implementar”, señala el estudio.
Las empresas que ganaron las tres primeras subastas de largo plazo entre 2015 y 2018, con contratos en mano y amparadas por los convenios internacionales podrían acudir a tribunales internacionales o exigir indemnización, señala el CEFP.
Aunado a los proyectos de las subastas a largo plazo (de 15 a 20 años) de potencia, energía eléctrica acumulable y Certificados de Energías Limpias, hay otros 157 proyectos del subsector electricidad para la generación de electricidad con una inversión de 845 mil 623 mdp que estarían en riesgo de ser cancelados.
MAAZ
