Abogados concluyen su formación en mecanismos alternativos.
Por Alejandro García > Quequi
Cancún. La entrega de constancias a integrantes de la Barra de Abogados de Quintana Roo como personas facilitadoras se inscribe en un proceso más amplio de profesionalización impulsado por el Poder Judicial del Estado, que este año acreditó a más de 70 participantes en mecanismos alternativos de solución de controversias.
La ceremonia, realizada en Cancún y encabezada por el magistrado presidente Heyden José Cebada Rivas y la directora del Centro de Arbitraje y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), Mariana Dávila Goerner, formalizó la incorporación de nuevos perfiles capacitados para intervenir en mediación, conciliación y acompañamiento a personas con dificultades de comprensión dentro de procedimientos judiciales.
La figura de persona facilitadora ha cobrado relevancia en el sistema de justicia estatal, que desde este año opera un programa de formación especializado para fortalecer la cultura del acuerdo y reducir la carga jurisdiccional mediante la resolución pacífica de conflictos.
Quintana Roo ha desarrollado infraestructura específica para estos mecanismos, incluyendo el Centro de Arbitraje y MASC y un juzgado mercantil con competencia en arbitraje y mediación en Cancún, lo que permite atender controversias de manera técnica y con personal certificado.
En este contexto, los miembros de la Barra de Abogados de Quintana Roo que concluyeron el proceso de formación y recibieron su acreditación fueron: Mauro Carmona Díaz de León, Monserrat López Gómez, Mario González Pliego Gutiérrez, Diego Esteban Martínez, José Ángel Cano Castrejón, Lais Rodríguez Barrios, Felipe López Ayala, Alejandra Nieto Navarrete y Armando Mendoza Rubio; su incorporación se suma al esfuerzo institucional por ampliar el número de operadores capacitados en mediación y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad dentro de los procedimientos judiciales.
El Poder Judicial ha señalado que estos perfiles son clave para garantizar que las partes involucradas en un conflicto puedan dialogar, escuchar y construir acuerdos sin necesidad de prolongar disputas en sede jurisdiccional; la capacitación también busca asegurar que personas con discapacidad o dificultades de comprensión accedan al proceso judicial en igualdad de condiciones, mediante acompañamiento especializado y técnicas de comunicación adaptada.
