A la lucha por la excarcelación de Javier Armenta, Iván Ilich Cisneros y José Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que fueron acusados de despojo tras acampar más de 140 noches en un parque para evitar que empresas construyeran torres con departamentos, se han sumado más voces.
Hoy es un día clave para los jóvenes presos en Puente Grande. Esta mañana se reanuda la audiencia de vinculación a proceso, con lo que se determinará si continúan en la cárcel o pueden seguir el juicio en libertad.
La defensa solicitará el cambio de juez por haber conflicto de intereses, ya que Felipe de Jesús Rivera Gallegos está casado con María Cristina Estrada, ex regidora y ex síndico en el ayuntamiento de Guadalajara (relacionada con Movimiento Ciudadano), que tuvo vínculo en los acuerdos que beneficiaron a inversores de Iconía (antes Puerta Guadalajara).
“Espero que el juez recapacite, deje de hacerle caso al gobernador (Enrique Alfaro) y actúe conforme a derecho dejando a los muchachos en libertad. Mañana, en cuanto termine la audiencia, pediremos el cambio de juez”, adelantó en entrevista con El Heraldo de México, Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado defensor de los estudiantes.
Mientras la parte defensora pulía la estrategia jurídica que se presentará hoy en la audiencia, el rector de la Udeg, Ricardo Villanueva, en conexión virtual con sedes universitarias y el plantón Resistencia hizo un recuento del caso. Exhibió el incumplimiento reiterado de los inversionistas y la benevolencia de las autoridades en turno.
Señaló que por lo menos 80 organizaciones se han sumado a la lucha y anunció que pernoctaría ayer en el campamento instalado frente a Casa Jalisco, que se mantiene en protesta permanente para exigir la libertad de los estudiantes.
En tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en un mensaje en redes dijo que se trata de un caso entre particulares, y que no es un parque público, sino propiedad privada.
Aunque aseguró ser respetuso del Poder Judicial, lo exhotó a que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrentar su proceso fuera de la cárcel.
Ayer también se sumaron a la condena por la detención y encarcelamiento de los jóvenes legisladores federales, como la priista Beatriz Paredes, la panista Kenia López y el dirigente de Morena, Mario Delgado, entre otras organizaciones sociales y políticas.
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