El municipio de Tultepec ganó una controversia constitucional sobre límites territoriales, con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválido un oficio del gobierno del Estado de México que pretendía segregar 40 por ciento del territorio municipal, conformado por zonas ejidales y fraccionamientos cercanos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además de que ahí se encuentra La Saucera, área de producción de la pirotecnia, un sector importante para la localidad y la región.
El tercer regidor Armando Cervantes Punzo dijo que se trata de una superficie de 14 mil metros cuadrados de los Ejidos de Teyahualco y de Tultepec, región con mayores posibilidades de desarrollo económico con la operación del AIFA, principalmente en el sector logístico.
Destacó que la resolución de la primera sala de la SCJN a favor de Tultepec, sobre la controversia 46/2021 ingresada por el ayuntamiento el año pasado, también otorga certeza jurídica a los empresarios interesados en invertir en la región.
Tultepec concentra 80 por ciento de la producción nacional de pirotecnia. Tan sólo en La Saucera se cuenta con 600 permisos para la producción y comercialización de pirotecnia, que no sólo es consumida por el ayuntamiento, también por los estados aledaños y se exporta a Estados Unidos.
En entrevista, Cervantes precisó que la medida permite al ayuntamiento continuar el gobierno en los ejidos y en dos fraccionamientos altamente poblados, la Unidad CTM y Real de Tultepec, habitados por 50 mil personas.
El año pasado, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Edomex ordenó al municipio que al actualizar su Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) sólo ejerciera proyectos en una parte, dejando fuera 40 por ciento de su superficie.
“Lo que pedimos a la Suprema Corte fue que no permitiera que el gobierno estatal pasara por encima del Legislativo, porque a este le corresponde definir territorio”, indicó Cervantes Punzo.
Esta es la tercera ocasión que Tultepec gana una controversia por límites territoriales: Una fue en 1998, cuando el gobierno estatal mandataba dejar de ejercer en zonas ejidales, y otra en 2013, relacionada con un censo del Inegi.
